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EUGENIO BURZACO
OPINION
PRENSA
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15-06-2012
¿Consumo sin responsabilidad?
En estos días se ha discutido en el Congreso Nacional la despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo. Hoy, el consumo en su faz privada no está penalizado, de acuerdo con distintos fallos de la Corte en ese sentido. Sí lo está consumir o poseer drogas ilegales en la vía pública. Esta nueva iniciativa se inscribe en un contexto en el que la Argentina pasó de ser un país de tránsito a país de importante producción y consumo de drogas. La cocaína, en su última etapa, se produce en laboratorios ilegales en las grandes ciudades del país y, como jefe de la Policía Metropolitana, me tocó participar en diversos operativos donde se desarticularon laboratorios y centros de distribución. Cambió la naturaleza del negocio del narcotráfico en la Argentina: pasó de ser de logística ilegal a ser un negocio de consumo masivo. Para lograr el objetivo, y en busca de controlar el territorio, los narcos extendieron su penetración a todos los rincones del país por la vía de la corrupción y el lavado, crearon un ejército de jóvenes adictos convertidos en dealers y promovieron las represalias y la muerte violenta. Así, el narcotráfico hizo de la Argentina el primer consumidor de cocaína y marihuana por habitante de América latina.
 
En términos prácticos, la despenalización sólo va a agravar la situación existente. ¿Por qué? Por diversas razones que paso a analizar.
 
Niveles de consumo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay tres variables que inciden en el consumo de estupefacientes: la aceptación social, la disponibilidad en términos de cantidad y precio y la psiquis del consumidor y su entorno familiar y social. Decirles a los jóvenes que no está penalizado consumir drogas ilegales en la vía pública es un mensaje contundente que impacta en la aceptación social, baja el umbral de riesgo percibido por el consumidor y genera un metamensaje que dice que no está mal drogarse. También es obvio que la droga va a ser aún más accesible porque tenerla en pequeñas cantidades, como la trafican los dealers , ya no será delito, y al reducir los costos del tráfico en su último eslabón seguramente bajará el precio. Según las Naciones Unidas, el 2,8% de las personas adultas en la Argentina consume cocaína con regularidad (aproximadamente 1 millón de personas) y más del 8% consume marihuana, niveles de prevalencia líderes en la región y similares a los de Estados Unidos y España.
 
Práctica privada e individual. Quienes promueven estos cambios penales argumentan que si una persona en su faz privada quiere drogarse lo puede hacer amparándose en el artículo 19 de la Constitución. Pero ésta no es una práctica privada sin consecuencias para el entorno social. Al contrario, tiene consecuencias que afectan la vida y bienes de terceros y generan efectos dañinos concretos contra la vida de los propios consumidores. Hay fallos, como los que obligan a usar el cinturón de seguridad en el auto o el casco en moto o aquellos que limitan la tenencia de armas, que restringen las libertades privadas en beneficio de bienes públicos como la salud y la seguridad. Sobran los ejemplos trágicos: accidentes de tránsito que involucran a adictos afectando a terceros inocentes, la reiterada violencia y desesperación que genera el síndrome de abstinencia, la inducción a robar y hasta matar para conseguir más drogas. Los actos individuales privados requieren libertad y razonabilidad para su ejercicio y disfrute. La ciencia ha demostrado claramente que el consumo de estupefacientes deteriora la corteza cerebral, la sinapsis neuronal y el lóbulo frontal del cerebro, afectando la razón, los límites inhibitorios, la voluntad y los sentidos del consumidor, generando dependencia y cercenando su libertad de decisión.
 
Costos de salud. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar) ha publicado un estudio que demuestra que la drogadicción incide altamente sobre el sistema de salud, tanto por los tratamientos de rehabilitación como por el manejo de urgencias por sobredosis y los efectos derivados del consumo, como ser accidentes y defunciones prematuras. Holanda, pionera en el mundo en la despenalización y legalización del consumo de la marihuana, en los años 70 restringió el consumo y la venta de todos los demás estupefacientes (a diferencia del proyecto que se está presentando en el Congreso). Si bien luego de años de aplicación los niveles de consumo en Holanda se mantienen elevados pero estables, vieron crecer sus costos de salud directos, los delitos realizados por personas bajo los efectos de narcóticos y el incremento de turistas que llegaban de toda Europa a drogarse al paraíso del consumo. Esto llevó a recientes cambios en su política que prohibieron la venta de drogas y el consumo a los extranjeros y una reducción en las cantidades de marihuana que se pueden vender.
 
Pena de prisión. Es el argumento más fuerte que tienen los despenalizadores y que yo comparto en buena medida. Es cierto que en muy pocos casos se han aplicado en el país penas privativas de la libertad por tenencia o consumo y estoy convencido de que enviar a prisión a una persona enferma por el solo hecho de consumir o poseer drogas para consumo personal sólo agravará su situación. Creo que se debe quitar toda posibilidad de aplicar pena de prisión; pero sí, sanciones educativas y multas para experimentadores y tratamientos para los adictos. Portugal es el país que más ha avanzado en un seguimiento multidisciplinario con énfasis en la salud del consumidor; crearon comisiones para la disuasión del uso de drogas, entes que deciden la sanción al consumidor (en más del 90% de los casos es educativa o sanitaria y en el resto, multas o sanciones). En España e Italia se promovieron soluciones similares pero no se extingue la acción penal y mantuvieron las penas privativas de la libertad cuando el consumo se realiza en la vía pública. Otros han despenalizado sólo el consumo de marihuana, discriminando entre drogas duras y blandas para las sanciones y la aproximación penal a la temática. El actual proyecto del oficialismo no hace distinción entre drogas e impide al juez actuar con medidas o sanciones alternativas al terminar la acción penal.
 
Acceso a la salud. Los jóvenes pobres que hoy acceden a tratamientos de rehabilitación por orden de un juez no podrán hacerlo, ya que esa facultad desaparece con estas reformas. Sin la orden de un juez será sumamente complicado que alguien se haga cargo de una rehabilitación costosa, larga y ahora no obligatoria. Lo explicó el padre Pepe: "Tendríamos que preguntarnos si en ese contexto de pobreza y marginalidad en el que viven los niños y jóvenes pobres se puede hablar de libertad de elección en el consumidor; ¿no estaremos agregando a la vida de estos hermanos más pobres un problema que no vamos a ayudar a resolver?".
 
Umbrales de consumo y tráfico minorista. Los proyectos presentados en nuestro Congreso no especifican qué cantidad de droga es considerada para consumo personal y cuánta es tráfico según el tipo de droga. Despenalizan el consumo y la tenencia de todas las drogas ilegales. Al no configurar con claridad la figura penal, en la práctica todas las decisiones legales para perseguir el tráfico minorista se verán dificultadas. Quienes hacen negocio vendiendo droga en quioscos, boliches y cerca de escuelas a las que van nuestros propios hijos lo hacen con bajas dosis, gramos, no por kilo, lo cual va a hacer impracticable la detención del último eslabón de la cadena, tan relevante como el primero. Esta ley oculta además una legalización encubierta, que va a llevar a jueces a interpretar que al haberse legalizado el consumo y la tenencia no es posible determinar que la venta o el tráfico sean ilegales. El tráfico requiere un comprador y un vendedor; si en esa transacción el comprador actúa legalmente al comprar estupefacientes, ¿por qué va a ser ilegal venderlos?
 
Aprobar esta iniciativa probablemente aumente el consumo de estupefacientes, baje la percepción del riesgo a los jóvenes y haga más difícil tanto perseguir el tráfico minorista como el acceso a tratamientos de rehabilitación de los adictos pobres. Si sumamos la grave inoperancia del Estado, demostrada al no resolver la radarización y el control fronterizo, donde hay cada vez menos gendarmes y prefectos, y trasladando responsabilidades de la justicia penal al sistema de salud sin que esté preparado para la demanda ni para absorber el costo, se trata de un arma letal. ¿Cómo explicaremos a nuestros hijos y jóvenes que no es bueno, ni para ellos ni para terceros, consumir drogas cuando éstas sean legales? Lo otro es creer que todo vale. O incluso el consumo sin responsabilidad. ¿Será éste el metamensaje que buscan imponer hoy a la sociedad quienes se supone deben cuidarla?
 
Fuente: La Nación