Burzaco disertó sobre seguridad en Pilar

El reciente atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en el que balearon su domicilio y sólo la suerte evitó una tragedia que lo involucrara a él o a su esposa, pone de manifiesto el grado de avance de la impunidad y la criminalidad narco en la Argentina. La ciudadanía tiene hoy una mayor conciencia de los hechos, porque los padece a diario, pues ya es hora de que la dirigencia política, toda, y por supuesto el Estado, asuman su responsabilidad y actúen para detener el asentamiento definitivo del narcotráfico en el país.

Históricamente, la Argentina fue un país de tránsito de drogas ilegales hacia mercados de consumo, sobre todo Europa y los Estados Unidos. La propia dinámica del negocio, el pago en droga, la liberalización del mercado sin políticas integrales sobre el tema y, por supuesto, la venalidad de algunos funcionarios, jueces, policías y comunicadores han hecho que la Argentina se transforme en un importante mercado de consumo y producción, con una injerencia regional del negocio ilegal muy significativa.

Se ha desarrollado, simultáneamente, un creciente mercado de consumo. Según las Naciones Unidas, en la última década duplicamos el consumo de marihuana y cocaína, con niveles de prevalencia muy similares a los mercados maduros de América del Norte y Europa.

La lógica se impuso porque los carteles que pasaban droga desde los países productores -Bolivia, Perú y Colombia- hacia el Norte les pagaban a los estadios intermedios en "especie", es decir, en drogas que éstos debían vender en el mercado local para hacerla efectiva. Se desarrolló así un mercado de consumo muy agresivo y una feroz pelea por el control del territorio para manejarlos. Esta lucha se dirime con asesinatos entre narcos o con la ejecución y exhibición de la muerte más cruel como escarmiento a aquellos que invaden el negocio de otra banda (lo vivimos y observamos en Rosario con estupor). También, con la corrupción y penetración en las policías, la Justicia y la política, como se verificó con el involucramiento de las más altas autoridades policiales de Santa Fe y Córdoba. Este año en Rosario se superarán los 200 homicidios intencionales, cifra que ubica a esa ciudad en una tasa de homicidios superior a Medellín o San Pablo (casi 20 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes).

Más grave aún es que la Argentina se ha vuelto un país que produce la última etapa de elaboración de la cocaína. La Argentina exportaba precursores químicos para producir las drogas hasta su etapa final en los países de origen. Hace más de una década, la droga entra como pasta base al país y aquí se elabora la última etapa en laboratorios locales. Somos el país donde se decomisan más laboratorios o cocinas fuera de los tres grandes productores de coca, inclusive por arriba de Venezuela, según la Undoc (siglas en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).

Me tocó participar de un operativo con la Policía Metropolitana en el que se detuvo a una banda que operaba cuatro laboratorios (dos en Capital, a pocas cuadras de la Casa Rosada, y dos en el Gran Buenos Aires) y varios centros de distribución. Allí la presencia fuerte y destructiva del paco, que es un derivado de la pasta base mezclado con cualquier porquería, es ofrecida a jóvenes para reclutarlos como esclavos al servicio de los narcos, matar a la competencia, distribuir la droga, prostituirse o defender a los jefes. La altísima dependencia y necesidad de consumo transforma a los "soldaditos" en el último eslabón de la cadena narco, el más débil y dispensable.

La presencia de líderes de carteles regionales que viven y operan en Puerto Madero o en importantes countries del Gran Buenos Aires es cada vez más notoria. Desde el ingreso de la mujer e hijo de Pablo Escobar, hace quince años, hasta la presencia cada vez más activa de nuevos líderes y segundas líneas de carteles mexicanos y colombianos. Todavía se recuerda el caso de Unicenter, seguido de otros tres asesinatos más de narcos colombianos en los años siguientes. Héctor Duque Ceballos, "Monoteto", era el segundo líder del cartel de la Cordillera y vivía en el barrio Ayres del Pilar, aun cuando tenía pedido de captura internacional de Colombia y de los Estados Unidos. Tenía registradas varias entradas y salidas del país. Lo mismo la intervención del cartel de Juárez y de Sinaloa en el caso de la efedrina, necesaria para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, que terminó con el triple asesinato de General Rodríguez.

Pasamos de importar menos de una tonelada anual de efedrina para la producción de descongestivos en 2004 a más de 20 en 2007 (según Undoc, cinco veces la cantidad utilizada por toda la industria farmacéutica en los Estados Unidos, 30 veces más que Italia y 80 veces más que Chile). Nada de esto sería posible sin connivencia política y autoridades que miran para otro lado. La reciente detención en Pilar del colombiano Henry de Jesús López Londoño, "Mi Sangre", con familiares y cómplices viviendo varios meses en el país, pone de manifiesto la impunidad con la que se mueven los narcos. Los líderes de carteles internacionales operan y manejan sus negocios locales e internacionales desde la Argentina por la debilidad intrínseca del Estado, que les ha ido permitiendo instalarse.

Seguimos siendo un país colador donde es muy fácil penetrar por el espacio aéreo, que en más de un 90% se encuentra sin radarizar; con pasos fronterizos totalmente permeables, ríos y puertos sin control y aeropuertos donde salen recurrentemente importantes cantidades de drogas, como se verificó en el caso Juliá. En este contexto, tenemos a los gendarmes y prefectos desplegados en las grandes ciudades en vez de las fronteras, cumpliendo roles de policía comunitaria para la cual no están entrenados y con toda una serie de inconvenientes logísticos y operativos. Este desquicio en el sistema de seguridad interior lleva a que hoy las Fuerzas Armadas estén patrullando y cumpliendo roles de seguridad interior en la frontera, en franca violación a la ley de seguridad interior y de defensa. En la medida en que las drogas puedan circular con facilidad y elaborarse localmente, y los narcos puedan actuar con impunidad, el nivel de consumo local va a seguir aumentando y la violencia asociada a la pelea entre bandas narco va a seguir dejando su tendal de muertos en las grandes ciudades.

Ante estas crudas evidencias, las autoridades nacionales reaccionan negando la realidad, ya sea ocultando las cifras del delito (las estadísticas más actualizadas son de 2009), hablando de "sensación de inseguridad" o, más recientemente, con acciones espasmódicas y mediáticas que no siguen una lógica estratégica ni una acción inteligente producto de una política de Estado.

Llegó la hora de decir ¡basta!, de reaccionar con decisión e inteligencia ante la impunidad y la connivencia con la que se mueven estas mafias en el país. No podemos esperar otros dos años a que haya un cambio de Gobierno para ver si se aborda en profundidad esta amenaza que atenta directamente contra las raíces del mismo Estado. Tenemos que deponer visiones políticas partidarias y tratar de trabajar en conjunto, exigir y ayudar al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales antes de que sea tarde. Los narcos ya vinieron por nuestras instituciones y, lo que es más grave, por nosotros y nuestros hijos. Es hora de decir basta y de actuar en concreto con planes y soluciones reales.

Fuente: La Nación


Reabrir expedientes permitió la captura de más de 8400 prófugos

Tres años antes había decidido no volver a prisión. Debía estar tras las rejas durante 22 años después del asesinato cometido en el distrito bonaerense de 25 de Mayo . Estaba beneficiado con salidas transitorias cuando pensó que cualquier cosa sería mejor que regresar a la Unidad 4 de Bahía Blanca . Se fugó y por un tiempo le fue bastante bien. Consiguió trabajo como peón rural, se estableció en la localidad de Guaminí, cerca de la zona donde mató a un anciano, pero a la vez lo suficientemente lejos como para que algún vecino lo reconociese. José María Francia Meller estimó que ya nadie estaría tras sus pasos, se relajó, generó nuevas amistades y, en estos tiempos de relaciones mediadas por las redes sociales, compartió fotos de asados y rondas de mate en Facebook. Su error fue sentirse fuera del radar policial. Un equipo de detectives de la PSA tenía asignado su expediente y la búsqueda estaba activa. Fue atrapado delante de sus compañeros en un criadero de ganado y su historia pasó a ser una más de las de 8418 prófugos encontrados desde 2016 por el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre).

A partir de la puesta en funcionamiento de esta sistema se categorizaron los casos de prófugos, se repartieron los casos entre las cuatro fuerzas federales y se determinaron prioridades en la investigación criminal. La intención oficial fue reactivar búsquedas que habían quedado relegadas por el paso del tiempo y la acumulación de nuevos expedientes.

El año pasado se alcanzó una cifra récord de 2920 evadidos que fueron nuevamente esposados. Algunos cayeron por el incentivo que otorga el sistema de recompensas, tal como ocurrió en 2017 con Claudio Minnicelli, el cuñado del detenido exministro Julio De Vido. Alguien lo reconoció como el parroquiano que tomaba a menudo café y leía los diarios en un bar en Chapadmalal. Pasó el dato y fue arrestado. Otros fueron detenidos en operativos de identificación en los alrededores de los estadios de fútbol. La pasión por una camiseta llevó a varios de regreso a la cárcel no solo en la ficción de El secreto de tus ojos. En la mayoría de los casos esas capturas fueron gestadas por la investigación de detectives policiales.

Cuentas pendientes

"Aquellos que cometieron algún delito rendirán cuentas ante la Justicia" es el lema impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando respalda los operativos de búsqueda y captura coordinado por el Cufre, comando coordinado por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oriquieta.

Los funcionarios nacionales asignados al Cufre analizan los casos pendientes, priorizan las investigaciones de acuerdo con la información disponible y tras ese proceso de evaluación asignan el expediente a una fuerza y siguen el desarrollo de la búsqueda.

Uno de los últimos golpes al delito originado en la distribución de tareas del Cufre fue la captura en la noche del pasado martes de uno de los principales narcos que operan en la ciudad de Buenos Aires. El pedido de captura sobre Víctor Reyes Zubieta estaba vigente desde 2010. Pese a ser considerado la mano derecha del peruano Marco Estrada Gonzales, conocido y temido como Marcos, el expediente de Reyes Zubieta no figuraba dentro de las prioridades hasta que se asignó la misión específica a investigadores de la Gendarmería. Esos detectives determinaron las costumbres del buscado y establecieron la posibilidad de que visitase en forma cotidiana un bar porteño. Allí lo encontraron finalmente tras casi una fuga prolongada durante casi una década.

En ese caso el trabajo fue más complejo por la sagacidad del evadido para borrar sus rastros. Otros no son tan cuidadosos y dejan sus rastros en las redes sociales. En el Ministerio de Seguridad recuerdan la captura de Eduardo Bairgian, sospechoso de aportar la logística para movimientos de los líderes de Los Monos en las calles porteñas. Habría colaborado con Ramón Machuca, conocido como Monchi Cantero. Bairgian había cerrado sus redes sociales, pero su esposa se mantenía activa en Facebook. Cuando ella posteó que se preparaba para un gran festejo de cumpleaños fuera de su casa, los detectives de la Policía Federal vieron su oportunidad y se apostaron alrededor del domicilio en Juan Agustín García al 5900. Cuentan que Bairgian llegó en un BMW negro recientemente adquirido. También él quedó como parte de los 8418 prófugos capturados.

Coordinan con España para dar con fugitivos

La búsqueda activa de prófugos alcanza también a quienes buscaron refugio fuera de las fronteras nacionales. El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un protocolo de colaboración con las autoridades españolas para incrementar los esfuerzos mutuos para capturar a evadidos. En los últimos días, la ministra Patricia Bullrich presentó el resultado de esa cooperación internacional: 36 sospechosos fueron detenidos en ambos países. Las causas que motivaron las órdenes de arresto fueron causas por blanqueo de capitales, abuso sexual, tráfico de drogas y homicidio.

La llamada Operación Transatlántico , llevada a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Nacional española, permitió localizar a 16 personas prófugas en Europa y a 20 en nuestro país.

Durante una conferencia de prensa junto a autoridades argentinas y españolas, Bullrich detalló que la operación comenzó a gestarse en septiembre de 2017, en el marco de un curso sobre la investigación federal de fugitivos, dictado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, del cual participaron funcionarios de la fuerza española. Allí se detectó que en muchos casos delincuentes evadidos de la Justicia argentina se ocultaban en España y viceversa, lo que llevó a que entre ambas instituciones se iniciara un trabajo de recolección de datos y análisis para determinar qué prófugos podrían encontrarse en cada país. El primer arresto se concretó en marzo del año pasado, cuando fue atrapado un argentino acusado de blanqueo de capitales.

"Es la primera parte de un trabajo que ya tuvo un enorme logro con las detenciones. Esta acción puede significar un paso adelante para nuestras sociedades, logrando extirpar a estos prófugos que intentan esconderse y rearmar sus vidas en otro país. Que sepan que a partir de ahora hay dos fuerzas y una organización que van a evitar que eso suceda", afirmó Bullrich.

Link a la nota en La Nación.


La imperiosa necesidad de dar la batalla contra el narcotráfico

Por primera vez en la historia, un presidente argentino decide poner como eje de su administración la lucha contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico. Macri convocó a todos los gobernadores sin distinción partidaria, y con apoyo casi unánime lanzó la iniciativa "Argentina sin narcotráfico". No fue una decisión arbitraria, sino fruto del convencimiento: si no se actuaba a fondo inmediatamente, el avance del crimen organizado no tendría vuelta atrás. Para ello se dispusieron recursos humanos y materiales, se fortalecieron la investigación y la inteligencia criminal y se promovieron los cambios legislativos necesarios para frenar un avance casi incontenible, que mata traficantes, consumidores y ciudadanos no consumidores por igual.

El Estado de Derecho y las instituciones también sintieron el impacto de años de inacción y connivencia. Numerosas organizaciones criminales contaban entre sus integrantes con políticos, policías, miembros del Poder Judicial y otros funcionarios públicos con el objetivo de que estos brindaran un paraguas protector a la organización y en muchos casos simultáneamente se asociaran a ella. De todos los vínculos que conectan narcotráfico y crimen organizado la estrecha relación con la corrupción es quizá la más natural y simbiótica, la que más daño hace al Estado.

Desde diciembre de 2015 impera un cambio de paradigma, caracterizado por una estrategia que apunta a erosionar todos los eslabones de esta estructura criminal. Se persigue con intensidad a los importadores, pero también a los transportadores, los acopiadores, los distribuidores y a todos aquellos que dan protección a estas redes criminales. Se ha hecho mucho hincapié en la calidad del trabajo en la frontera, donde se decomisa el 85% del total de la droga incautada, tanto en el noroeste, donde se interdicta principalmente cocaína, como en el nordeste, donde se incauta principalmente marihuana. Contamos con radarización 3D completa las 24 horas en la frontera norte y estamos estableciendo cuatro centros de comando y control en La Quiaca, Aguas Blancas, Salvador Mazza e Iguazú.

Muchas veces se ha puesto en duda el fruto del enorme esfuerzo asumido por nuestro país y nuestras fuerzas para contrarrestar este fenómeno. Los indicadores, vinculados entre sí, resultan una evidencia innegable. En 2017 hemos logrado un récord de 12 toneladas de cocaína incautada, incluyendo dos procedimientos producto de complejas investigaciones por un total de 4000 kilos; Bobinas Blancas, investigado por Policía Federal, en Bahía Blanca y Mendoza, y Halcón 9 trabajado por Gendarmería, en Santiago del Estero. En 2018, marcamos un récord histórico en el decomiso de marihuana, logrando a nivel federal 185 toneladas de incautación. Esto habla de un daño al mercado de marihuana equivalente a una suma de 13.000 millones de pesos al año, más de 350 millones de dólares. Alcanzamos un récord de drogas sintéticas, al pasar de incautar 28.000 unidades en 2015 a 222.201 en 2017.

Sabemos que muchos ponen en duda los indicadores de incautaciones como medida de éxito. A ellos vale aclararles que, simultáneamente, aumentaron los operativos, los detenidos y el precio de las drogas en las calles. Demostrando así que el incremento de las incautaciones fue consecuencia de un aumento considerable en la productividad de las fuerzas federales. Se elevaron también el número y la relevancia de detenidos anuales por violación de la ley de estupefacientes, pasando de 12.853 detenidos en 2015 a 31.820 en 2018, un aumento del 147%. También incrementamos el número de procedimientos de 14.065 a 28.108, lo que demuestra un crecimiento de la tasa de detenidos por procedimientos, ya que se prioriza la desarticulación de grupos criminales.

Si bien la presencia en el país de carteles internacionales del narcotráfico resultó esporádica, a nivel local se consolidaban grandes bandas y clanes familiares que explicaban el aumento de la violencia en centros urbanos como Rosario, Santa Fe y partidos del Gran Buenos Aires. De haber continuado con la política de inacción del gobierno anterior bajo el modelo de "contención pacífica", el panorama hoy sería mucho más complicado y varias de esas bandas hubieran evolucionado hacia un estadio más complejo y violento.

En los últimos tres años, varios de estos clanes se han ido desarticulando. El más conocido es el de Los Monos, en Rosario, cuyos cabecillas en Santa Fe y Buenos Aires fueron detenidos durante nuestra gestión, y fueron enjuiciados en los fueros provinciales y federales con penas acumuladas de 11 a 36 años. También logramos apresar a Delfín Castedo y sus laderos, quienes lideraban un importante clan familiar en Salta dedicado al tráfico de cocaína y caracterizados por su violencia, incluido el asesinato de personas que no cedieron sus campos en zonas claves fronterizas.

Otro de tantos casos paradigmáticos fue la desarticulación de la red de tráfico de marihuana en Itatí y de su paraguas protector político-judicial. El trabajo integrado entre poderes del Estado, Gendarmería Nacional y el equipo de fiscales de Diego Iglesias, de la Procunar, concluyó con tres fallos ejemplares del juez federal Sergio Torres, quien dictaminó la detención del intendente, el viceintendente, miembros de las policías provinciales y federales y el procesamiento de varios miembros del Juzgado Federal de Corrientes.

Producto de este nivel de decomisos y detenciones, la Argentina de hoy resulta un país mucho más hostil al narcotráfico. Esta política está dificultando el acceso a las drogas, sobre todo a los más jóvenes, ya que se restringe la accesibilidad a estas sustancias, encareciendo el producto y volviéndolo menos disponible. El gramo de cocaína pasó de $118 a $350 entre septiembre de 2016 y marzo de 2018, lo que representa una tasa de aumento considerable, superior a la inflación de ese período. Se ha avanzado notablemente en la lucha de lavado de dinero narco, con la colaboración y el impulso de una UIF mucho más proactiva y la cooperación de la Procelac en los procesos. El golpe asestado a la economía de las organizaciones criminales alcanzó los 593 millones de dólares, cifra récord en 2018.

También es destacable el control de los precursores químicos esenciales para la fabricación de drogas ilegales. Aumentamos en esta gestión un 44% las inspecciones y un 30% los controles de ruta. Actualizamos la ley de precursores agravando seriamente las penas. Lejos quedaron los días del gobierno anterior, caracterizados por la importación ilegal de efedrina para producir metanfetaminas y su estela de corrupción en las campañas del FPV y de muerte, como el triple crimen de General Rodríguez y los asesinatos por encargo en Unicenter.

No menos importante es mencionar que avanzamos en mejorar el marco legal, prohibiendo más de 100 drogas nuevas, y multiplicamos la colaboración y cooperación internacional. Aprobamos novedosas técnicas de investigación, como el agente revelador, y decretamos la extinción de dominio para recuperar los bienes del crimen organizado. Esta se transformará en una herramienta clave para afectar el capital de trabajo de las organizaciones criminales golpeándolas donde más les duele: la estructura del negocio criminal y su red de corrupción.

El consumo de drogas es un fenómeno multicausal, que requiere de una aproximación multidimensional para reducir su daño social y humano. Pero el narcotráfico es un delito y su persecución no puede ser una elección: es una obligación ineludible. No existen fórmulas mágicas. No hay ni habrá una derrota definitiva del narcotráfico, pero sí su reducción a la mínima expresión posible, disminuyendo su capacidad de actuación e influencia como redes criminales con impacto en la sociedad. Estos objetivos son alcanzables en tanto y en cuanto los argentinos sigamos manteniendo la lucha contra el narcotráfico como una verdadera política de Estado, sin ambigüedades ni grietas.

Por: Eugenio Burzaco

Link a la nota original de la Nación.


Ante el riesgo de ser un narco-Estado

En los últimos diez años, la redes de narcotraficantes se han instalado en el país y hoy ponen en jaque a las instituciones, en un proceso que tiende a naturalizar la violencia y el sometimiento.

El legado de esta década en materia de avance del narcotráfico y el consumo de drogas ilegales en el país es trágico. Luego de más de un año de investigaciones sobre el tema junto con Sergio Berensztein para escribir un libro, llegamos a la conclusión de que las redes narcos se han instalado en el país para producir droga en laboratorios locales, no sólo ya para exportarla a mercados de consumo relevantes del Primer Mundo, sino para satisfacer el mercado de consumo local, que se ha duplicado en una década y moviliza unos 1000 millones de dólares anuales.

Las primeras evidencias concluyen que los niveles de consumo, tanto de marihuana como de cocaína, se han duplicado en una década, ubicándonos como el país de la región con mayor consumo per cápita (Informe Anual de Drogas de las Naciones Unidas 2012). Impactan no sólo los números, sino la evidencia de que la naturaleza del negocio narco en la Argentina ha cambiado. Dejó de ser un negocio de logística por el cual la droga ingresa para exportarse a otros países, quedando aquí sólo los rezagos o el canje, para convertirse un negocio de consumo masivo en el que las bandas pelean por el territorio de manera violenta, a fin de monopolizar la distribución y establecer sus laboratorios de producción. El aumento significativo del ingreso, sobre todo de pasta base, se corrobora en los niveles de decomiso, que aumentaron la década pasada un 800% (ONU, 2014). El mismo informe aclara que el país dejó de reportar los niveles de decomisos de estupefacientes por las fuerzas federales en 2010.

El número de causas por la ley de estupefacientes (23.737) se duplicó entre 2003 y 2008, último año reportado oficialmente a nivel nacional. Las causas en la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2014 se duplican también, y ascienden a casi 50.000 causas de drogas ilegales anuales. Para desmentir a aquellos funcionarios que dicen que la mayoría de estas causas tratan de perejiles fumando porros, la propia Sedronar hizo un estudio en 2010 que demostró que más del 70% trata situaciones de tráfico, producción y comercialización de estupefacientes. Por último está la fuerte y determinante aparición, en los últimos 15 años, de venta y consumo de paco. Este derivado de la pasta base destruye a los jóvenes pobres para transformarlos en el último eslabón de la cadena narco, y los convierte en los llamados "soldaditos" al servicio de las redes para comercializar drogas o eliminar enemigos. La desesperación de los adictos por conseguir la siguiente la dosis incide no sólo en la destrucción personal del esclavizado por su adicción, sino en el nivel de delito violento y hasta aberrante que tiene en vilo a la sociedad. El narcotráfico irrumpe también en la noche de las fiestas electrónicas interminables, donde las drogas de síntesis, como el éxtasis, la ketamina y otras metanfetaminas, destruyen el cerebro de jóvenes de las clases media y alta, envueltos en una supuesta desinhibición cultural que les hipoteca el futuro.

La segunda apreciación contundente es que las fuerzas de seguridad e inteligencia que deben combatir las redes narcos han sido sobrepasadas por el avance de este fenómeno, que, cada vez mas a menudo, corrompe las instituciones, a funcionarios policiales, judiciales y políticos de creciente nivel jerárquico. Este año han terminado presos por su relación con el narcotráfico el jefe de la Policía de Santa Fe y varios jefes de dicha fuerza, como también altos funcionarios policiales de Córdoba.

Los escándalos de la importación ilegal de efedrina, que se utiliza para producir drogas de síntesis, como el éxtasis, salpican a altos funcionarios del Ejecutivo y al ex director de la Sedronar Ramón Granero, hoy procesado. En su momento, el tráfico de efedrina derivó en el triple asesinato de General Rodríguez, que puso en evidencia el financiamiento de la campaña presidencial del Frente para la Victoria por varios de los implicados.

El desborde de las fuerzas de seguridad se verifica en las fronteras porosas, sin controles suficientes, el espacio aéreo convertido en colador que nunca se termina de radarizar y que impacta en los cientos de pistas clandestinas donde aterrizan o dejan caer su mercadería las decenas de vuelos ilegales que penetran diariamente el país para traer la droga. A esto se agrega que la Gendarmería y la Prefectura, que deben proteger las fronteras, y la Policía Federal, fuerza que debe tener su foco en los delitos federales y complejos, están dedicadas a realizar tareas de policías locales ante el desborde de la inseguridad. Esto requiere un rediseño del sistema de seguridad interior y un fortalecimiento de las policías locales para evitar seguir con las políticas de negación de la realidad, la improvisación y los parches que han caracterizado la década.

El tercer legado de la década es la virtual destrucción de la Sedronar, organismo creado para el tratamiento y la prevención de las adicciones y el combate del narcotráfico. Si bien la decadencia de dicho organismo se arrastra de larga data, esta última década ha visto decrecer, hasta desaparecer, muchas de sus funciones originarias, como la reunión semanal de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad y los cursos de capacitación. Se ha achicado su presupuesto hasta la virtual parálisis e inacción del organismo. Pero el daño mayor fue hecho al Registro Nacional de Precursores Químicos, organismo que depende de dicha secretaría y está destinado a controlar el destino de aquellos químicos que se utilizan para la elaboración de la síntesis de las drogas ilegales y que nuestros laboratorios y farmacias producen e importan. Producto de este desmanejo y corrupción se llegaron a importar alrededor de 20 toneladas anuales de efedrina, cuando la industria farmacéutica local requiere entre 200 y 300 kilos anuales. Durante varios años no se verificaron los controles necesarios, hasta que estalló el escándalo del triple crimen de General Rodríguez, justo unas semanas después de la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz. Fueron tales las irregularidades durante la gestión de Granero que en la gestión posterior de Rafael Bielsa se decidió intervenir dicho organismo.

La etapa final del organismo ha sido caótica. Luego de la renuncia de Bielsa, a quien nunca se lo apoyó plenamente, le siguieron un período de acefalía de casi un año y el reciente nombramiento del poco idóneo padre Molina al frente de la institución, quien arrancó comparando a Pablo Escobar Gaviria con Robin Hood, lo que demuestra su total falta de conocimiento de la complejidad de los personajes involucrados en el crimen organizado. En otro exabrupto, Molina habló en favor de despenalizar/legalizar el consumo de todas las drogas, demostrando así su desconocimiento absoluto de la problemática. Una medida de esta índole reduce la percepción del riesgo en los jóvenes y facilita la accesibilidad a las drogas, lo que trae como resultado un aumento en el consumo. Pero, más grave aún, lo plantea como una forma de reducir la violencia, sin comprender que las drogas "duras" afectan los límites inhibitorios de los consumidores. Tampoco comprende que muchos jóvenes adictos deben delinquir para sostener su adicción y por eso "salen de caño" o se convierten en dealers.

El cuarto legado, tal vez el más nefasto, es la territorialización del poder narco. Los narcos intentan dominar el territorio para poder actuar con impunidad. Por eso ocupan espacios que el Estado tiene abandonados, donde habitan los sectores más marginados de la sociedad, y establecen un control territorial de esos entornos urbanos. Son territorios "sin ley", sin presencia integral del Estado. Allí se enquistan las bandas narcos como parásitos y sojuzgan a la población. Este fenómeno, que algunos sociólogos denominan "favelización", debe ser atendido con urgencia e integralidad, ya que estamos construyendo una sociedad dual y feudal, con "guetos de pobreza" y "guetos de riqueza", donde el Estado y las bandas criminales van a pelear por el control del territorio, tal como pasa en muchos países de la región. Dejamos para otro análisis el lavado del dinero narco, cuyo volumen y penetración en la economía implica otra serie de consecuencias nefastas.

Luego de una década de errores, omisiones y complicidades, el poder narco se ha convertido en la amenaza a la gobernabilidad más significativa que enfrenta el país. Su impacto en la juventud, en la sociedad en su conjunto y en las instituciones genera una trama de intereses en la que se juega si la Argentina se convierte o no en un narco-Estado, capaz de modificar para siempre nuestra forma de vida, poner en riesgo los valores de nuestra sociedad y naturalizar la violencia y el sometimiento.

Por Eugenio Burzaco

Link a la nota original de La Nación