Mexicanización, por qué tiene razón el Papa

El aumento del consumo y de la producción local de drogas, sumado al poder de infiltración de las redes criminales, son una advertencia para toda la clase política.

La reciente alerta pública del papa Francisco sobre el peligro de que Argentina se "mexicanice", es decir, que adquiera hábitos delictivos y padezca las consecuencias del avance del crimen organizado como aquel país, causaron gran impacto en la sociedad. Sus afirmaciones se potenciaron cuando advirtió que en el país no sólo ha aumentado el tráfico, sino también el consumo de estupefacientes y la producción local de drogas ilegales. La reacción del Gobierno fue, una vez más, negar la realidad y minimizar el problema, a pesar de lo difícil que es sostener este relato cuando ciudades como Rosario ya tienen una tasa promedio cercana a un homicidio intencional diario, que la ubican entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Para poder poner en contexto estas frases, que son un llamado de atención no sólo al gobierno actual sino a toda la dirigencia nacional, creo conveniente analizar algunos indicadores alarmantes que sirven para comprender dónde estamos parados frente al avance narco y la magnitud del desafío que enfrentamos.

Fronteras porosas: así como México, que tiene como vecino al mayor consumidor de drogas ilegales del mundo, Estados Unidos, la Argentina tiene como vecinos a los principales productores mundiales de hoja de coca y su derivado, la cocaína (Bolivia, en el límite, y Perú y Colombia, cercanas). La debilidad de nuestra amplia frontera ha sido un elemento crítico para la expansión del negocio. La imposibilidad de controlar el espacio aéreo por donde entran los vuelos ilegales se debe a que éste no está plenamente radarizado, objetivo proclamado y siempre postergado, mientras la mayoría de nuestros vecinos tienen el 100% bajo control. Nuestra amplia frontera física, cada vez con menor presencia de gendarmes, prefectos y ausencia de tecnología de punta, son todos elementos que facilitaron la importación de estupefacientes. Primero para triangular a otros países y luego para acrecentar la provisión al consumo interno y la producción en laboratorios locales. Una aclaración importante frente a la desmentida de algunos funcionarios del gobierno nacional fue la que dio la Auditoría General de la Nación al revelar, en uno de sus últimos informes, que el año pasado se decomisaron más de 180 laboratorios, varios de ellos con capacidad de producción industrial de cocaína, es decir, con posibilidad de elaborar varias toneladas anuales.

Pérdida del control territorial: una de las características del avance del poder narco es que comienza a suplantar el poder del Estado en sectores concretos de la sociedad. Así sucedió en Colombia, donde llevó una década revertir la situación, y en México, donde en el norte del país hay una desarticulación casi total del Estado. En este aspecto, el caso argentino se asemeja más al brasileño, ya que el avance criminal no controla Estados o ciudades enteras, sino enclaves concretos dentro de las grandes urbes. Bandas criminales controlan ingresos y egresos en los barrios carenciados, toman como rehenes a la población y someten a muchos de sus miembros a transformarse en eslabones de la cadena criminal. Con una cultura del miedo y la extorsión desarrollan su negocio aprovechando la ausencia del Estado. No sólo en materia de seguridad, sino de infraestructura social básica.

Narcos regionales que operan localmente: la presencia en el país durante la última década de importantes líderes narcos mexicanos, peruanos y colombianos que fueron detenidos, asesinados, extraditados o simplemente transitaron impunes por nuestro territorio, como el caso del líder del Cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, puso de manifiesto la impunidad con que se manejan. Otra característica de la evolución del narcotráfico es la transformación de bandas criminales locales en organizaciones complejas con capacidad de corromper, transportar, comercializar y ejercer la violencia a distintas escalas. En la Argentina actual existen varias bandas criminales, tan peligrosas como Los Monos, originarios de Rosario. Su expansión por fuera de la zona de influencia original demuestra su gran resiliencia, a pesar del encarcelamiento de algunos de sus líderes, y una gran capacidad para usar la violencia contra sus adversarios y el Estado mismo.

Mayores niveles de violencia: tal vez el elemento más característico del aumento del delito en los últimos años es precisamente la creciente violencia de los mismos. Violencia hasta la barbarie para amedrentar, obtener objetivos y sentar escarmientos que sustenten la permanencia y expansión del negocio. Rosario –con niveles de homicidios inusualmente elevados aun en términos regionales– no está sola en esa crisis: la ciudad de Santa Fe, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y distritos de los conurbanos del Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza tienen todos tasas de homicidios intencionales endémicas por encima de 10 homicidios cada 100.000 habitantes.

La presencia narco se relaciona de tres maneras con el aumento de la violencia delictual y los homicidios. La primera es que las bandas criminales pelean por el control del territorio y esa puja se dirime a los tiros con la eliminación del adversario. La segunda es el efecto que tienen ciertas drogas "duras" en la psiquis del consumidor, que deteriora los límites inhibitorios y los lleva a cometer en muchos casos crímenes aberrantes. La última relación violencia-drogas ilegales es el vínculo sistémico que genera el consumo de algunas drogas, como por ejemplo el paco, que lleva a los jóvenes adictos a salir de caño o convertirse en soldaditos al servicio de las organizaciones, para sostener su adicción.

Aumento del consumo: un hecho distintivo de todos los países de la región es que con el paso del tiempo el narcotráfico evoluciona de ser un negocio eminentemente logístico –drogas de paso hacia otros mercados maduros– a un negocio de consumo masivo local. En ese momento las bandas criminales pelean para controlar el territorio y distribuyen las drogas en el creciente mercado de consumidores propios. Los datos de Naciones Unidas señalan que en diez años el consumo de marihuana y de cocaína en el país se ha duplicado y también que han crecido, a un ritmo aún mayor, el consumo de drogas sintéticas y el paco. El cálculo que realizamos junto a Sergio Berensztein en el libro El poder narco, que publicamos recientemente, señala que el mercado de consumo local de estupefacientes mueve cerca de un billón de dólares anuales en el país, dinero que es utilizado también para corromper y destruir las raíces mismas del Estado.

Aumento de la corrupción narco y debilidad institucional: el crimen organizado necesita corromper funcionarios públicos (fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, funcionarios de aduana, concejales, intendentes, organismos de control, etc.) para conseguir impunidad, inacción, eliminar adversarios y desarrollar el negocio. Como señalan los especialistas, cuanto más alto el nivel de corrupción mayor nivel de penetración del narcotráfico en la sociedad. En el último año el jefe de la Policía de Santa Fe y los más altos jerarcas de la policía de Córdoba fueron detenidos e imputados como cómplices del desarrollo de bandas de narcos de esas provincias. Los casos de concejales e intendentes involucrados se suman cada mes que pasa. Este accionar corrosivo del poder narco se da en un contexto de debilidad institucional para enfrentar el creciente fenómeno con fuerzas de seguridad federales que fueron dispersadas por el país y con cada vez menor presencia en las fronteras. Los que quedan trabajan con juzgados federales colapsados por la cantidad de causas que deben tratar y a pesar de reclamos formales de la Corte Suprema para que se nombren funcionarios judiciales en juzgados federales de zonas críticas.

El Papa Francisco ha hecho un llamado de atención no sólo al Gobierno, sino a la clase dirigente toda, sobre la necesidad de abordar integralmente la problemática del narcotráfico y el consumo de drogas. Su voz no es nueva sobre este tema. Hace años, como cardenal de la Ciudad de Buenos Aires junto a los curas villeros que lo acompañaron en su gestión, denunció el avance del poder narco. Hoy su voz resuena aun con mayor fuerza y a escala mundial. Es tiempo de actuar, de revertir la amenaza de convertirnos en un narco-Estado y de trabajar por la esperanza de ser un país más justo y seguro para todos.

Por: Eugenio Burzaco

Link a la nota original en La Nación


Narcotráfico: el valor de las acciones frente a las palabras

 

De acuerdo con la SEDRONAR, entre 2010 y 2016 el consumo de las principales drogas ilegales, cocaína y marihuana, aumentaron 104% y 115% respectivamente. Esta transformación que sufrió la Argentina responde a tres factores claramente definidos.

En primer lugar, tal como lo ha determinado la ONU, el consumo aumenta considerablemente cuando baja la percepción de riesgo sobre el consumo de una sustancia. Esta percepción de riesgo baja, cuando el Estado fracasa en prevenir e informar sobre la peligrosidad del consumo de esa sustancia. Durante este periodo, partes interesadas de la administración anterior, especialmente aquellas que coquetearon con el siniestro espejismo de la legalización, hicieron mucho para que esta percepción de riesgo baje notablemente, transformando así a Argentina en un país consumidor.

También fueron responsables de esta degradación, aquellos que deliberadamente omitieron, ocultaron y evitaron producir estadísticas, aunque sea precarias sobre la oferta y demanda de drogas, como así también de otros delitos, llevándonos a partir de 2008 a la edad oscura del análisis criminal. Muchos de quienes hoy critican las estadísticas difundidas por el gobierno en materia de criminalidad, ejercieron un sospechoso y cómplice silencio.

Finalmente, el factor más gravitante, el abandono de los esfuerzos por reducir el ingreso de drogas. Los agoreros de la derrota, militantes de escritorio, bajo el escudo de evitar supuestas “externalidades”, como el encarcelamiento de traficantes, impusieron la idea de la inutilidad del esfuerzo contra el tráfico de drogas. Prueba de esto, en 2015, Argentina incautó 4300 kilos de cocaína, solo un 33% en comparación con los 12.133 kg. que incautaría en 2017.

Se impuso así la idea de que la lucha contra el narcotráfico era fútil, que nada impide que las personas consuman drogas y que, por tanto, en una postura anarco-libertaria, el libre albedrío en materia de drogas debía regir al país.

Lo cierto es que, tal como lo sostienen las convenciones internacionales vigentes ratificadas por Argentina, el problema de las drogas debe ser atacado simultáneamente desde la demanda, pero también reduciendo su oferta. En este sentido, y en contra de los postulados de los legalizadores disfrazados de promotores de los derechos humanos de segunda generación, en estos tres años se han logrado importantes avances en materia de lucha contra el narcotráfico.

Desde 2015 aumentos un 26% la marihuana incautada, un 98% la cocaína y un 144% las drogas sintéticas, mientras que los procedimientos aumentaron un 100% y los detenidos un 147%. Producto de esta presión sobre el mercado de oferta, el gramo de cocaína aumento 94.9% en dólares ya que se comercializaba al equivalente a U$ 7,56 en septiembre de 2016, pasando a U$ 14,74 en febrero de 2018, último registro de la serie. Clara muestra de achicamiento del mercado.

Un artículo recientemente publicado en este medio, sospechosamente confundió el dato de febrero de 2018 extrapolándolo a marzo de 2019, alterando así su resultado.

Resulta curioso, que quienes critican la lucha contra el narcotráfico, lo hagan también sosteniendo que impacta en un crecimiento de las tasas delictivas. Para ellos, tenemos malas noticias que son buenas para el resto de los argentinos: la tasa de homicidios de argentina bajo un 20% de 2015 a 2017 y en los barrios mas comprometidos y con el Programa Barrios seguros, como en 1-11-14, bajaron un 93% entre 2015 y 2018.

Por tanto, se observa que, en el debate público, también se libra una batalla. Una batalla entre lo real y lo quimérico. Una batalla que a fuerza de realidad esta Administración va ganando. La confiscación de las drogas que arruinan proyectos de vida resulta ni más ni menos que una obligación moral dentro de una lucha contra el narcotráfico que es hoy una verdadera política de Estado.

Por Eugenio Burzaco y Martín Verrier. Secretario de Seguridad de la Nación y subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente.

Link a la nota original de Clarín.


La imperiosa necesidad de dar la batalla contra el narcotráfico

Por primera vez en la historia, un presidente argentino decide poner como eje de su administración la lucha contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico. Macri convocó a todos los gobernadores sin distinción partidaria, y con apoyo casi unánime lanzó la iniciativa "Argentina sin narcotráfico". No fue una decisión arbitraria, sino fruto del convencimiento: si no se actuaba a fondo inmediatamente, el avance del crimen organizado no tendría vuelta atrás. Para ello se dispusieron recursos humanos y materiales, se fortalecieron la investigación y la inteligencia criminal y se promovieron los cambios legislativos necesarios para frenar un avance casi incontenible, que mata traficantes, consumidores y ciudadanos no consumidores por igual.

El Estado de Derecho y las instituciones también sintieron el impacto de años de inacción y connivencia. Numerosas organizaciones criminales contaban entre sus integrantes con políticos, policías, miembros del Poder Judicial y otros funcionarios públicos con el objetivo de que estos brindaran un paraguas protector a la organización y en muchos casos simultáneamente se asociaran a ella. De todos los vínculos que conectan narcotráfico y crimen organizado la estrecha relación con la corrupción es quizá la más natural y simbiótica, la que más daño hace al Estado.

Desde diciembre de 2015 impera un cambio de paradigma, caracterizado por una estrategia que apunta a erosionar todos los eslabones de esta estructura criminal. Se persigue con intensidad a los importadores, pero también a los transportadores, los acopiadores, los distribuidores y a todos aquellos que dan protección a estas redes criminales. Se ha hecho mucho hincapié en la calidad del trabajo en la frontera, donde se decomisa el 85% del total de la droga incautada, tanto en el noroeste, donde se interdicta principalmente cocaína, como en el nordeste, donde se incauta principalmente marihuana. Contamos con radarización 3D completa las 24 horas en la frontera norte y estamos estableciendo cuatro centros de comando y control en La Quiaca, Aguas Blancas, Salvador Mazza e Iguazú.

Muchas veces se ha puesto en duda el fruto del enorme esfuerzo asumido por nuestro país y nuestras fuerzas para contrarrestar este fenómeno. Los indicadores, vinculados entre sí, resultan una evidencia innegable. En 2017 hemos logrado un récord de 12 toneladas de cocaína incautada, incluyendo dos procedimientos producto de complejas investigaciones por un total de 4000 kilos; Bobinas Blancas, investigado por Policía Federal, en Bahía Blanca y Mendoza, y Halcón 9 trabajado por Gendarmería, en Santiago del Estero. En 2018, marcamos un récord histórico en el decomiso de marihuana, logrando a nivel federal 185 toneladas de incautación. Esto habla de un daño al mercado de marihuana equivalente a una suma de 13.000 millones de pesos al año, más de 350 millones de dólares. Alcanzamos un récord de drogas sintéticas, al pasar de incautar 28.000 unidades en 2015 a 222.201 en 2017.

Sabemos que muchos ponen en duda los indicadores de incautaciones como medida de éxito. A ellos vale aclararles que, simultáneamente, aumentaron los operativos, los detenidos y el precio de las drogas en las calles. Demostrando así que el incremento de las incautaciones fue consecuencia de un aumento considerable en la productividad de las fuerzas federales. Se elevaron también el número y la relevancia de detenidos anuales por violación de la ley de estupefacientes, pasando de 12.853 detenidos en 2015 a 31.820 en 2018, un aumento del 147%. También incrementamos el número de procedimientos de 14.065 a 28.108, lo que demuestra un crecimiento de la tasa de detenidos por procedimientos, ya que se prioriza la desarticulación de grupos criminales.

Si bien la presencia en el país de carteles internacionales del narcotráfico resultó esporádica, a nivel local se consolidaban grandes bandas y clanes familiares que explicaban el aumento de la violencia en centros urbanos como Rosario, Santa Fe y partidos del Gran Buenos Aires. De haber continuado con la política de inacción del gobierno anterior bajo el modelo de "contención pacífica", el panorama hoy sería mucho más complicado y varias de esas bandas hubieran evolucionado hacia un estadio más complejo y violento.

En los últimos tres años, varios de estos clanes se han ido desarticulando. El más conocido es el de Los Monos, en Rosario, cuyos cabecillas en Santa Fe y Buenos Aires fueron detenidos durante nuestra gestión, y fueron enjuiciados en los fueros provinciales y federales con penas acumuladas de 11 a 36 años. También logramos apresar a Delfín Castedo y sus laderos, quienes lideraban un importante clan familiar en Salta dedicado al tráfico de cocaína y caracterizados por su violencia, incluido el asesinato de personas que no cedieron sus campos en zonas claves fronterizas.

Otro de tantos casos paradigmáticos fue la desarticulación de la red de tráfico de marihuana en Itatí y de su paraguas protector político-judicial. El trabajo integrado entre poderes del Estado, Gendarmería Nacional y el equipo de fiscales de Diego Iglesias, de la Procunar, concluyó con tres fallos ejemplares del juez federal Sergio Torres, quien dictaminó la detención del intendente, el viceintendente, miembros de las policías provinciales y federales y el procesamiento de varios miembros del Juzgado Federal de Corrientes.

Producto de este nivel de decomisos y detenciones, la Argentina de hoy resulta un país mucho más hostil al narcotráfico. Esta política está dificultando el acceso a las drogas, sobre todo a los más jóvenes, ya que se restringe la accesibilidad a estas sustancias, encareciendo el producto y volviéndolo menos disponible. El gramo de cocaína pasó de $118 a $350 entre septiembre de 2016 y marzo de 2018, lo que representa una tasa de aumento considerable, superior a la inflación de ese período. Se ha avanzado notablemente en la lucha de lavado de dinero narco, con la colaboración y el impulso de una UIF mucho más proactiva y la cooperación de la Procelac en los procesos. El golpe asestado a la economía de las organizaciones criminales alcanzó los 593 millones de dólares, cifra récord en 2018.

También es destacable el control de los precursores químicos esenciales para la fabricación de drogas ilegales. Aumentamos en esta gestión un 44% las inspecciones y un 30% los controles de ruta. Actualizamos la ley de precursores agravando seriamente las penas. Lejos quedaron los días del gobierno anterior, caracterizados por la importación ilegal de efedrina para producir metanfetaminas y su estela de corrupción en las campañas del FPV y de muerte, como el triple crimen de General Rodríguez y los asesinatos por encargo en Unicenter.

No menos importante es mencionar que avanzamos en mejorar el marco legal, prohibiendo más de 100 drogas nuevas, y multiplicamos la colaboración y cooperación internacional. Aprobamos novedosas técnicas de investigación, como el agente revelador, y decretamos la extinción de dominio para recuperar los bienes del crimen organizado. Esta se transformará en una herramienta clave para afectar el capital de trabajo de las organizaciones criminales golpeándolas donde más les duele: la estructura del negocio criminal y su red de corrupción.

El consumo de drogas es un fenómeno multicausal, que requiere de una aproximación multidimensional para reducir su daño social y humano. Pero el narcotráfico es un delito y su persecución no puede ser una elección: es una obligación ineludible. No existen fórmulas mágicas. No hay ni habrá una derrota definitiva del narcotráfico, pero sí su reducción a la mínima expresión posible, disminuyendo su capacidad de actuación e influencia como redes criminales con impacto en la sociedad. Estos objetivos son alcanzables en tanto y en cuanto los argentinos sigamos manteniendo la lucha contra el narcotráfico como una verdadera política de Estado, sin ambigüedades ni grietas.

Por: Eugenio Burzaco

Link a la nota original de la Nación.


Ante el riesgo de ser un narco-Estado

En los últimos diez años, la redes de narcotraficantes se han instalado en el país y hoy ponen en jaque a las instituciones, en un proceso que tiende a naturalizar la violencia y el sometimiento.

El legado de esta década en materia de avance del narcotráfico y el consumo de drogas ilegales en el país es trágico. Luego de más de un año de investigaciones sobre el tema junto con Sergio Berensztein para escribir un libro, llegamos a la conclusión de que las redes narcos se han instalado en el país para producir droga en laboratorios locales, no sólo ya para exportarla a mercados de consumo relevantes del Primer Mundo, sino para satisfacer el mercado de consumo local, que se ha duplicado en una década y moviliza unos 1000 millones de dólares anuales.

Las primeras evidencias concluyen que los niveles de consumo, tanto de marihuana como de cocaína, se han duplicado en una década, ubicándonos como el país de la región con mayor consumo per cápita (Informe Anual de Drogas de las Naciones Unidas 2012). Impactan no sólo los números, sino la evidencia de que la naturaleza del negocio narco en la Argentina ha cambiado. Dejó de ser un negocio de logística por el cual la droga ingresa para exportarse a otros países, quedando aquí sólo los rezagos o el canje, para convertirse un negocio de consumo masivo en el que las bandas pelean por el territorio de manera violenta, a fin de monopolizar la distribución y establecer sus laboratorios de producción. El aumento significativo del ingreso, sobre todo de pasta base, se corrobora en los niveles de decomiso, que aumentaron la década pasada un 800% (ONU, 2014). El mismo informe aclara que el país dejó de reportar los niveles de decomisos de estupefacientes por las fuerzas federales en 2010.

El número de causas por la ley de estupefacientes (23.737) se duplicó entre 2003 y 2008, último año reportado oficialmente a nivel nacional. Las causas en la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2014 se duplican también, y ascienden a casi 50.000 causas de drogas ilegales anuales. Para desmentir a aquellos funcionarios que dicen que la mayoría de estas causas tratan de perejiles fumando porros, la propia Sedronar hizo un estudio en 2010 que demostró que más del 70% trata situaciones de tráfico, producción y comercialización de estupefacientes. Por último está la fuerte y determinante aparición, en los últimos 15 años, de venta y consumo de paco. Este derivado de la pasta base destruye a los jóvenes pobres para transformarlos en el último eslabón de la cadena narco, y los convierte en los llamados "soldaditos" al servicio de las redes para comercializar drogas o eliminar enemigos. La desesperación de los adictos por conseguir la siguiente la dosis incide no sólo en la destrucción personal del esclavizado por su adicción, sino en el nivel de delito violento y hasta aberrante que tiene en vilo a la sociedad. El narcotráfico irrumpe también en la noche de las fiestas electrónicas interminables, donde las drogas de síntesis, como el éxtasis, la ketamina y otras metanfetaminas, destruyen el cerebro de jóvenes de las clases media y alta, envueltos en una supuesta desinhibición cultural que les hipoteca el futuro.

La segunda apreciación contundente es que las fuerzas de seguridad e inteligencia que deben combatir las redes narcos han sido sobrepasadas por el avance de este fenómeno, que, cada vez mas a menudo, corrompe las instituciones, a funcionarios policiales, judiciales y políticos de creciente nivel jerárquico. Este año han terminado presos por su relación con el narcotráfico el jefe de la Policía de Santa Fe y varios jefes de dicha fuerza, como también altos funcionarios policiales de Córdoba.

Los escándalos de la importación ilegal de efedrina, que se utiliza para producir drogas de síntesis, como el éxtasis, salpican a altos funcionarios del Ejecutivo y al ex director de la Sedronar Ramón Granero, hoy procesado. En su momento, el tráfico de efedrina derivó en el triple asesinato de General Rodríguez, que puso en evidencia el financiamiento de la campaña presidencial del Frente para la Victoria por varios de los implicados.

El desborde de las fuerzas de seguridad se verifica en las fronteras porosas, sin controles suficientes, el espacio aéreo convertido en colador que nunca se termina de radarizar y que impacta en los cientos de pistas clandestinas donde aterrizan o dejan caer su mercadería las decenas de vuelos ilegales que penetran diariamente el país para traer la droga. A esto se agrega que la Gendarmería y la Prefectura, que deben proteger las fronteras, y la Policía Federal, fuerza que debe tener su foco en los delitos federales y complejos, están dedicadas a realizar tareas de policías locales ante el desborde de la inseguridad. Esto requiere un rediseño del sistema de seguridad interior y un fortalecimiento de las policías locales para evitar seguir con las políticas de negación de la realidad, la improvisación y los parches que han caracterizado la década.

El tercer legado de la década es la virtual destrucción de la Sedronar, organismo creado para el tratamiento y la prevención de las adicciones y el combate del narcotráfico. Si bien la decadencia de dicho organismo se arrastra de larga data, esta última década ha visto decrecer, hasta desaparecer, muchas de sus funciones originarias, como la reunión semanal de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad y los cursos de capacitación. Se ha achicado su presupuesto hasta la virtual parálisis e inacción del organismo. Pero el daño mayor fue hecho al Registro Nacional de Precursores Químicos, organismo que depende de dicha secretaría y está destinado a controlar el destino de aquellos químicos que se utilizan para la elaboración de la síntesis de las drogas ilegales y que nuestros laboratorios y farmacias producen e importan. Producto de este desmanejo y corrupción se llegaron a importar alrededor de 20 toneladas anuales de efedrina, cuando la industria farmacéutica local requiere entre 200 y 300 kilos anuales. Durante varios años no se verificaron los controles necesarios, hasta que estalló el escándalo del triple crimen de General Rodríguez, justo unas semanas después de la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz. Fueron tales las irregularidades durante la gestión de Granero que en la gestión posterior de Rafael Bielsa se decidió intervenir dicho organismo.

La etapa final del organismo ha sido caótica. Luego de la renuncia de Bielsa, a quien nunca se lo apoyó plenamente, le siguieron un período de acefalía de casi un año y el reciente nombramiento del poco idóneo padre Molina al frente de la institución, quien arrancó comparando a Pablo Escobar Gaviria con Robin Hood, lo que demuestra su total falta de conocimiento de la complejidad de los personajes involucrados en el crimen organizado. En otro exabrupto, Molina habló en favor de despenalizar/legalizar el consumo de todas las drogas, demostrando así su desconocimiento absoluto de la problemática. Una medida de esta índole reduce la percepción del riesgo en los jóvenes y facilita la accesibilidad a las drogas, lo que trae como resultado un aumento en el consumo. Pero, más grave aún, lo plantea como una forma de reducir la violencia, sin comprender que las drogas "duras" afectan los límites inhibitorios de los consumidores. Tampoco comprende que muchos jóvenes adictos deben delinquir para sostener su adicción y por eso "salen de caño" o se convierten en dealers.

El cuarto legado, tal vez el más nefasto, es la territorialización del poder narco. Los narcos intentan dominar el territorio para poder actuar con impunidad. Por eso ocupan espacios que el Estado tiene abandonados, donde habitan los sectores más marginados de la sociedad, y establecen un control territorial de esos entornos urbanos. Son territorios "sin ley", sin presencia integral del Estado. Allí se enquistan las bandas narcos como parásitos y sojuzgan a la población. Este fenómeno, que algunos sociólogos denominan "favelización", debe ser atendido con urgencia e integralidad, ya que estamos construyendo una sociedad dual y feudal, con "guetos de pobreza" y "guetos de riqueza", donde el Estado y las bandas criminales van a pelear por el control del territorio, tal como pasa en muchos países de la región. Dejamos para otro análisis el lavado del dinero narco, cuyo volumen y penetración en la economía implica otra serie de consecuencias nefastas.

Luego de una década de errores, omisiones y complicidades, el poder narco se ha convertido en la amenaza a la gobernabilidad más significativa que enfrenta el país. Su impacto en la juventud, en la sociedad en su conjunto y en las instituciones genera una trama de intereses en la que se juega si la Argentina se convierte o no en un narco-Estado, capaz de modificar para siempre nuestra forma de vida, poner en riesgo los valores de nuestra sociedad y naturalizar la violencia y el sometimiento.

Por Eugenio Burzaco

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Muertes irracionales y violentas.

La muerte violenta e irracional de Pablo Tonello, un joven de 27 años en pleno Belgrano, a las 8.30 de la mañana; el asesinato de un joven de 14 años para arrebatarle el celular y tantos otros crímenes que nos causan dolor nos llevan a preguntarnos ¿por qué tanta violencia?, ¿qué lleva a una persona a matar a otra por una simple bicicleta o un celular? Hay cuatro grandes factores que ayudan a explicar el aumento de la violencia en el delito.

Valor de la vida: para muchos delincuentes jóvenes, su vida vale muy poco y, por ende, la vida de los demás no vale nada. Actúan con saña, violencia y desparpajo, aun cuando el motivo de su robo sea un bien menor. Hemos excluido a sectores importantes de la sociedad construyendo un imaginario de nosotros y los otros, donde el otro no cuenta. Esto también genera violencia. Hemos fallado en la educación -gran disuasor de la delictividad- que brinda oportunidades de progreso y valores sobre el respeto al prójimo. Hemos generado una sociedad donde el tener es más importante que el ser, destruyendo el sentido de trascendencia y de convivencia.

Impunidad: los delincuentes saben que el costo de sus acciones es muy bajo, ya que las posibilidades de ser castigados son casi nulas. De cada mil delitos que se cometen, en menos de cinco se cumple prisión efectiva. Por ello nos encontramos, en las grandes ciudades, indefensos ante bandas que recurrentemente cometen los mismos delitos frente a un Estado ausente. La escasa presencia policial, con distritos que no llegan, en promedio, a un policía cada mil habitantes cuando se requieren cinco. Policías que además están mal pagados, capacitados, incentivados, conducidos y, en muchos casos, insertos en estructuras corruptas que generan niveles de violencia y delito explican en parte esa impunidad. Una Justicia con estructuras arcaicas que no ha podido procesar ni el número, ni la complejidad del delito y a su vez, se encuentra inmersa en un debate estéril, cargado de ideologismo, que diluye la responsabilidad individual de los actos violentos y terminan liberando a delincuentes peligrosos y recurrentes.

Armas: el fácil acceso a las armas confiere mayor peligrosidad a cualquier tipo de delito. No existen estadísticas sistemáticas oficiales de delitos en el país, sin embargo, en el último año que tenemos datos agregados, el 52% de lo delitos denunciados involucraron armas de fuego (2009). En la Argentina hay 1,2 millones de armas registradas y unos 700.000 legítimos usuarios, pero se calcula que existen entre 1,5 y 2 millones de armas de fuego ilegales. Limitar la accesibilidad a ellas es crucial, así como el control de su posesión. Más del 70% de los homicidios intencionales se cometen con armas de fuego que, en su mayoría, son ilegales.

Drogas: son el gran catalizador del delito violento y el aumento del consumo en las últimas décadas explica en buena medida la violencia irracional. La cocaína y el paco producen daños donde se encuentran los límites inhibitorios en el cerebro. Según el estudio realizado por la Sedronar en cárceles de todo el país en el año 2009, el 28,1% de la población carcelaria había consumido drogas al momento de cometer delitos, el 11,6% había delinquido para comprar drogas.

Si no exigimos una política integral de Estado a aquellos a quienes la Constitución otorgó el rol de custodios del orden social y de nuestras vidas, cargaremos sobre nuestras espaldas con cantidad de vidas jóvenes e inocentes que no podrán cumplir su destino.

Por Eugenio Burzaco

Link a la nota de La Nación


Las vías que nos llevan a ser un país narco

El reciente atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en el que balearon su domicilio y sólo la suerte evitó una tragedia que lo involucrara a él o a su esposa, pone de manifiesto el grado de avance de la impunidad y la criminalidad narco en la Argentina. La ciudadanía tiene hoy una mayor conciencia de los hechos, porque los padece a diario, pues ya es hora de que la dirigencia política, toda, y por supuesto el Estado, asuman su responsabilidad y actúen para detener el asentamiento definitivo del narcotráfico en el país.

Históricamente, la Argentina fue un país de tránsito de drogas ilegales hacia mercados de consumo, sobre todo Europa y los Estados Unidos. La propia dinámica del negocio, el pago en droga, la liberalización del mercado sin políticas integrales sobre el tema y, por supuesto, la venalidad de algunos funcionarios, jueces, policías y comunicadores han hecho que la Argentina se transforme en un importante mercado de consumo y producción, con una injerencia regional del negocio ilegal muy significativa.

Se ha desarrollado, simultáneamente, un creciente mercado de consumo. Según las Naciones Unidas, en la última década duplicamos el consumo de marihuana y cocaína, con niveles de prevalencia muy similares a los mercados maduros de América del Norte y Europa.

La lógica se impuso porque los carteles que pasaban droga desde los países productores -Bolivia, Perú y Colombia- hacia el Norte les pagaban a los estadios intermedios en "especie", es decir, en drogas que éstos debían vender en el mercado local para hacerla efectiva. Se desarrolló así un mercado de consumo muy agresivo y una feroz pelea por el control del territorio para manejarlos. Esta lucha se dirime con asesinatos entre narcos o con la ejecución y exhibición de la muerte más cruel como escarmiento a aquellos que invaden el negocio de otra banda (lo vivimos y observamos en Rosario con estupor). También, con la corrupción y penetración en las policías, la Justicia y la política, como se verificó con el involucramiento de las más altas autoridades policiales de Santa Fe y Córdoba. Este año en Rosario se superarán los 200 homicidios intencionales, cifra que ubica a esa ciudad en una tasa de homicidios superior a Medellín o San Pablo (casi 20 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes).

Más grave aún es que la Argentina se ha vuelto un país que produce la última etapa de elaboración de la cocaína. La Argentina exportaba precursores químicos para producir las drogas hasta su etapa final en los países de origen. Hace más de una década, la droga entra como pasta base al país y aquí se elabora la última etapa en laboratorios locales. Somos el país donde se decomisan más laboratorios o cocinas fuera de los tres grandes productores de coca, inclusive por arriba de Venezuela, según la Undoc (siglas en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).

Me tocó participar de un operativo con la Policía Metropolitana en el que se detuvo a una banda que operaba cuatro laboratorios (dos en Capital, a pocas cuadras de la Casa Rosada, y dos en el Gran Buenos Aires) y varios centros de distribución. Allí la presencia fuerte y destructiva del paco, que es un derivado de la pasta base mezclado con cualquier porquería, es ofrecida a jóvenes para reclutarlos como esclavos al servicio de los narcos, matar a la competencia, distribuir la droga, prostituirse o defender a los jefes. La altísima dependencia y necesidad de consumo transforma a los "soldaditos" en el último eslabón de la cadena narco, el más débil y dispensable.

La presencia de líderes de carteles regionales que viven y operan en Puerto Madero o en importantes countries del Gran Buenos Aires es cada vez más notoria. Desde el ingreso de la mujer e hijo de Pablo Escobar, hace quince años, hasta la presencia cada vez más activa de nuevos líderes y segundas líneas de carteles mexicanos y colombianos. Todavía se recuerda el caso de Unicenter, seguido de otros tres asesinatos más de narcos colombianos en los años siguientes. Héctor Duque Ceballos, "Monoteto", era el segundo líder del cartel de la Cordillera y vivía en el barrio Ayres del Pilar, aun cuando tenía pedido de captura internacional de Colombia y de los Estados Unidos. Tenía registradas varias entradas y salidas del país. Lo mismo la intervención del cartel de Juárez y de Sinaloa en el caso de la efedrina, necesaria para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, que terminó con el triple asesinato de General Rodríguez.

Pasamos de importar menos de una tonelada anual de efedrina para la producción de descongestivos en 2004 a más de 20 en 2007 (según Undoc, cinco veces la cantidad utilizada por toda la industria farmacéutica en los Estados Unidos, 30 veces más que Italia y 80 veces más que Chile). Nada de esto sería posible sin connivencia política y autoridades que miran para otro lado. La reciente detención en Pilar del colombiano Henry de Jesús López Londoño, "Mi Sangre", con familiares y cómplices viviendo varios meses en el país, pone de manifiesto la impunidad con la que se mueven los narcos. Los líderes de carteles internacionales operan y manejan sus negocios locales e internacionales desde la Argentina por la debilidad intrínseca del Estado, que les ha ido permitiendo instalarse.

Seguimos siendo un país colador donde es muy fácil penetrar por el espacio aéreo, que en más de un 90% se encuentra sin radarizar; con pasos fronterizos totalmente permeables, ríos y puertos sin control y aeropuertos donde salen recurrentemente importantes cantidades de drogas, como se verificó en el caso Juliá. En este contexto, tenemos a los gendarmes y prefectos desplegados en las grandes ciudades en vez de las fronteras, cumpliendo roles de policía comunitaria para la cual no están entrenados y con toda una serie de inconvenientes logísticos y operativos. Este desquicio en el sistema de seguridad interior lleva a que hoy las Fuerzas Armadas estén patrullando y cumpliendo roles de seguridad interior en la frontera, en franca violación a la ley de seguridad interior y de defensa. En la medida en que las drogas puedan circular con facilidad y elaborarse localmente, y los narcos puedan actuar con impunidad, el nivel de consumo local va a seguir aumentando y la violencia asociada a la pelea entre bandas narco va a seguir dejando su tendal de muertos en las grandes ciudades.

Ante estas crudas evidencias, las autoridades nacionales reaccionan negando la realidad, ya sea ocultando las cifras del delito (las estadísticas más actualizadas son de 2009), hablando de "sensación de inseguridad" o, más recientemente, con acciones espasmódicas y mediáticas que no siguen una lógica estratégica ni una acción inteligente producto de una política de Estado.

Llegó la hora de decir ¡basta!, de reaccionar con decisión e inteligencia ante la impunidad y la connivencia con la que se mueven estas mafias en el país. No podemos esperar otros dos años a que haya un cambio de Gobierno para ver si se aborda en profundidad esta amenaza que atenta directamente contra las raíces del mismo Estado. Tenemos que deponer visiones políticas partidarias y tratar de trabajar en conjunto, exigir y ayudar al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales antes de que sea tarde. Los narcos ya vinieron por nuestras instituciones y, lo que es más grave, por nosotros y nuestros hijos. Es hora de decir basta y de actuar en concreto con planes y soluciones reales.

Por Eugenio Burzaco

Link a la nota original en La Nación.


¿Consumo sin responsabilidad?

En estos días se ha discutido en el Congreso Nacional la despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo. Hoy, el consumo en su faz privada no está penalizado, de acuerdo con distintos fallos de la Corte en ese sentido. Sí lo está consumir o poseer drogas ilegales en la vía pública. Esta nueva iniciativa se inscribe en un contexto en el que la Argentina pasó de ser un país de tránsito a país de importante producción y consumo de drogas. La cocaína, en su última etapa, se produce en laboratorios ilegales en las grandes ciudades del país y, como jefe de la Policía Metropolitana, me tocó participar en diversos operativos donde se desarticularon laboratorios y centros de distribución. Cambió la naturaleza del negocio del narcotráfico en la Argentina: pasó de ser de logística ilegal a ser un negocio de consumo masivo. Para lograr el objetivo, y en busca de controlar el territorio, los narcos extendieron su penetración a todos los rincones del país por la vía de la corrupción y el lavado, crearon un ejército de jóvenes adictos convertidos en dealers y promovieron las represalias y la muerte violenta. Así, el narcotráfico hizo de la Argentina el primer consumidor de cocaína y marihuana por habitante de América latina.

En términos prácticos, la despenalización sólo va a agravar la situación existente. ¿Por qué? Por diversas razones que paso a analizar.

Niveles de consumo . La Organización Mundial de la Salud afirma que hay tres variables que inciden en el consumo de estupefacientes: la aceptación social, la disponibilidad en términos de cantidad y precio y la psiquis del consumidor y su entorno familiar y social. Decirles a los jóvenes que no está penalizado consumir drogas ilegales en la vía pública es un mensaje contundente que impacta en la aceptación social, baja el umbral de riesgo percibido por el consumidor y genera un metamensaje que dice que no está mal drogarse. También es obvio que la droga va a ser aún más accesible porque tenerla en pequeñas cantidades, como la trafican los dealers , ya no será delito, y al reducir los costos del tráfico en su último eslabón seguramente bajará el precio. Según las Naciones Unidas, el 2,8% de las personas adultas en la Argentina consume cocaína con regularidad (aproximadamente 1 millón de personas) y más del 8% consume marihuana, niveles de prevalencia líderes en la región y similares a los de Estados Unidos y España.

Práctica privada e individual . Quienes promueven estos cambios penales argumentan que si una persona en su faz privada quiere drogarse lo puede hacer amparándose en el artículo 19 de la Constitución. Pero ésta no es una práctica privada sin consecuencias para el entorno social. Al contrario, tiene consecuencias que afectan la vida y bienes de terceros y generan efectos dañinos concretos contra la vida de los propios consumidores. Hay fallos, como los que obligan a usar el cinturón de seguridad en el auto o el casco en moto o aquellos que limitan la tenencia de armas, que restringen las libertades privadas en beneficio de bienes públicos como la salud y la seguridad. Sobran los ejemplos trágicos: accidentes de tránsito que involucran a adictos afectando a terceros inocentes, la reiterada violencia y desesperación que genera el síndrome de abstinencia, la inducción a robar y hasta matar para conseguir más drogas. Los actos individuales privados requieren libertad y razonabilidad para su ejercicio y disfrute. La ciencia ha demostrado claramente que el consumo de estupefacientes deteriora la corteza cerebral, la sinapsis neuronal y el lóbulo frontal del cerebro, afectando la razón, los límites inhibitorios, la voluntad y los sentidos del consumidor, generando dependencia y cercenando su libertad de decisión.

Costos de salud . La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar) ha publicado un estudio que demuestra que la drogadicción incide altamente sobre el sistema de salud, tanto por los tratamientos de rehabilitación como por el manejo de urgencias por sobredosis y los efectos derivados del consumo, como ser accidentes y defunciones prematuras. Holanda, pionera en el mundo en la despenalización y legalización del consumo de la marihuana, en los años 70 restringió el consumo y la venta de todos los demás estupefacientes (a diferencia del proyecto que se está presentando en el Congreso). Si bien luego de años de aplicación los niveles de consumo en Holanda se mantienen elevados pero estables, vieron crecer sus costos de salud directos, los delitos realizados por personas bajo los efectos de narcóticos y el incremento de turistas que llegaban de toda Europa a drogarse al paraíso del consumo. Esto llevó a recientes cambios en su política que prohibieron la venta de drogas y el consumo a los extranjeros y una reducción en las cantidades de marihuana que se pueden vender.

Pena de prisión. Es el argumento más fuerte que tienen los despenalizadores y que yo comparto en buena medida. Es cierto que en muy pocos casos se han aplicado en el país penas privativas de la libertad por tenencia o consumo y estoy convencido de que enviar a prisión a una persona enferma por el solo hecho de consumir o poseer drogas para consumo personal sólo agravará su situación. Creo que se debe quitar toda posibilidad de aplicar pena de prisión; pero sí, sanciones educativas y multas para experimentadores y tratamientos para los adictos. Portugal es el país que más ha avanzado en un seguimiento multidisciplinario con énfasis en la salud del consumidor; crearon comisiones para la disuasión del uso de drogas, entes que deciden la sanción al consumidor (en más del 90% de los casos es educativa o sanitaria y en el resto, multas o sanciones). En España e Italia se promovieron soluciones similares pero no se extingue la acción penal y mantuvieron las penas privativas de la libertad cuando el consumo se realiza en la vía pública. Otros han despenalizado sólo el consumo de marihuana, discriminando entre drogas duras y blandas para las sanciones y la aproximación penal a la temática. El actual proyecto del oficialismo no hace distinción entre drogas e impide al juez actuar con medidas o sanciones alternativas al terminar la acción penal.

Acceso a la salud . Los jóvenes pobres que hoy acceden a tratamientos de rehabilitación por orden de un juez no podrán hacerlo, ya que esa facultad desaparece con estas reformas. Sin la orden de un juez será sumamente complicado que alguien se haga cargo de una rehabilitación costosa, larga y ahora no obligatoria. Lo explicó el padre Pepe: "Tendríamos que preguntarnos si en ese contexto de pobreza y marginalidad en el que viven los niños y jóvenes pobres se puede hablar de libertad de elección en el consumidor; ¿no estaremos agregando a la vida de estos hermanos más pobres un problema que no vamos a ayudar a resolver?".

Umbrales de consumo y tráfico minorista . Los proyectos presentados en nuestro Congreso no especifican qué cantidad de droga es considerada para consumo personal y cuánta es tráfico según el tipo de droga. Despenalizan el consumo y la tenencia de todas las drogas ilegales. Al no configurar con claridad la figura penal, en la práctica todas las decisiones legales para perseguir el tráfico minorista se verán dificultadas. Quienes hacen negocio vendiendo droga en quioscos, boliches y cerca de escuelas a las que van nuestros propios hijos lo hacen con bajas dosis, gramos, no por kilo, lo cual va a hacer impracticable la detención del último eslabón de la cadena, tan relevante como el primero. Esta ley oculta además una legalización encubierta, que va a llevar a jueces a interpretar que al haberse legalizado el consumo y la tenencia no es posible determinar que la venta o el tráfico sean ilegales. El tráfico requiere un comprador y un vendedor; si en esa transacción el comprador actúa legalmente al comprar estupefacientes, ¿por qué va a ser ilegal venderlos?

Aprobar esta iniciativa probablemente aumente el consumo de estupefacientes, baje la percepción del riesgo a los jóvenes y haga más difícil tanto perseguir el tráfico minorista como el acceso a tratamientos de rehabilitación de los adictos pobres. Si sumamos la grave inoperancia del Estado, demostrada al no resolver la radarización y el control fronterizo, donde hay cada vez menos gendarmes y prefectos, y trasladando responsabilidades de la justicia penal al sistema de salud sin que esté preparado para la demanda ni para absorber el costo, se trata de un arma letal. ¿Cómo explicaremos a nuestros hijos y jóvenes que no es bueno, ni para ellos ni para terceros, consumir drogas cuando éstas sean legales? Lo otro es creer que todo vale. O incluso el consumo sin responsabilidad. ¿Será éste el metamensaje que buscan imponer hoy a la sociedad quienes se supone deben cuidarla?

Por Eugenio Burzaco.

Link a la nota original en La Nación.


Drogas: el negocio de la muerte

Juan M. vivía en la villa 1-11-14, tenía 16 años y era adicto al paco desde hacía un año. Comenzó a fumar porque unos pibes más grandes lo hacían y hasta hace pocos días no podía dejar de consumir la porquería unas veinte veces por día.

¿No se preguntaba qué es el paco? Esa mezcla de pasta base o lo que queda en el fondo de la olla donde se sintetiza la cocaína, adicionada con cal, harina, yeso, vidrio molido etc. entre muchas otras sustancias de corte. No pensaba si era bueno o malo, "eso" que lo tenía agarrado con desesperación, solo dejaba en su cerebro un único pensamiento "tengo que conseguir la guita para comprar", solo pensaba en "cómo". El paco le permitía a Juan huir de la realidad durante diez o quince minutos, pero los minutos posteriores al efecto eran imbancables, la compulsión por volver a consumir lo arrojaba en un estado donde cualquier método que lo hiciera posible era válido. Juan gastaba unos 200 a 300 pesos por día en droga. Al principio los conseguía vendiendo merca a los chetos, pero como muchas veces no le alcanzaba terminó vendiendo la tele, los electrodomésticos, cualquier objeto que valiera algo en su propia casa, a un ratero al que su propia madre lo echó a patadas de allí.

Finalmente "salió de caño" a hacer unos mangos y tuvo que quemar a un "careta" que no le entregó el auto. Ese "careta" se había comprado su primer auto con los ahorros del trabajo después del ascenso. Había sido papá hacía poco y su nena al día siguiente cumplía un año. A Juan lo reconocieron los vecinos porque ya había estado robando varias veces por el barrio y junto a la policía lo fueron a buscar a la villa. El trató de escapar por la canchita, ahí donde había jugado tantos picados de chico. Al verse rodeado de "yutas" y totalmente dado vuelta por la droga empezó a disparar para todos lados, cuenta su madre. Fue abatido en el enfrentamiento y su joven vida se apagó pero después de destruir otra joven vida que estaba luchando por un destino mejor.

Héctor Duque Ceballos alias "Monoteto" era el segundo jefe del Cartel de la Cordillera y había sido integrante de la agrupación paramilitar Autodefensas Unidas Colombianas. Fue asesinado de siete balazos una tarde de julio del 2008 en el estacionamiento de Unicenter junto a su compañero Jorge Quintero Gartner. Otro colombiano, Julián Jimenez Jaramillo sobrevivió "milagrosamente". Ceballos vivía hacía meses entre un departamento que alquilaba en Puerto Madero y una importante casa en un country de Pilar. Allí se encontró después grandes cantidades de dólares y varios pasaportes falsos con los que entraba y salía del país. Sobre este líder narco pesaba un pedido de extradición de Colombia y de los Estados Unidos, donde había sido enviado extraditado su jefe y líder del Cartel Carlos Mario Jiménez alias "Macaco".

Este no fue un hecho aislado. Al triple homicidio de General Rodríguez, relacionado con la causa efedrina, le siguió unos meses más tarde otro asesinato de colombianos en San Fernando atribuido a la acción de sicarios. La presencia de estos delincuentes y su modalidad de accionar, de asesinar, se produce simultáneamente a la aparición en el país de laboratorios, ya no sólo de cocaína sino también de drogas sintéticas, manejados por narcos mexicanos .Una clara demostración de cuánto han avanzado en el país las redes del narcotráfico.

Hemos pasado a ser, de un país de tránsito de drogas, a uno de consumo. Y es en las últimas etapas de elaboración de estupefacientes donde la ingerencia de los carteles y el combate por el control territorial del negocio se hace más evidente. Como describimos el narcotráfico va acompañado por la aparición de sicarios, ajusticiamientos a quemarropa, ajustes de cuentas y muertos "tirados" como advertencia. Los numerosos laboratorios de producción ya no sólo de cocaína, sino de drogas sintéticas manejado por narcos mexicanos, con su inevitable estela de coimas e influencias a lo largo de todos los estamentos del Estado, los intermediarios, pasadores, lavadores, y actividades funcionales al consumo, etc. evidencian cuanto ha avanzado este "negocio" en la Argentina. Hoy estamos inmersos en lo que los especialistas denominan la etapa predatoria del narcotráfico.

Además del narcotráfico en sí mismo, las drogas en general se relacionan con la delincuencia violenta de dos maneras. La primera producto de los efectos desinhibitorios y bestiales que producen algunas drogas en quienes las consumen y que los lleva a matar y a ejercer una crueldad ilimitada en ocasión de delinquir. Muchos robos que terminan en asesinato son consecuencia del estado de alienación y locura de quienes consumen. La otra relación de carácter sistémico, es que los adictos, en muchos casos, deben delinquir para solventar su enfermedad. La necesidad de consumir estupefacientes los lleva a todo tipo de delitos que van de transformarse en pequeños "dealers" o mulas transportadoras, a vender droga o salir a robar compulsivamente, dispuestos a todo.

En su informe anual sobre consumo de estupefacientes en América de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Argentina viene siendo señalada como el país de mayor consumo per capita de cocaína, y el segundo de marihuana. A su vez la iniciación ha bajado a edades impensables en el pasado, según los numerosos informes del Sedronar. Los médicos especializados en el tema señalan que a menor edad de iniciación del consumo, mayor son las posibilidades de ser adicto como adulto. Otro de los indicadores más alarmantes que surge de los últimos años de experiencia en la materia, es el enraizamiento en núcleos habitacionales precarios o villas de emergencia de laboratorios y centros logísticos del crimen organizado .Este proceso de "favelización" es similar al que se dio en Brasil hace unas décadas. En los asentamientos, cada vez más numerosos, que rodean las grandes urbes del país, en los que el estado no está presente en materia de seguridad, ni de infraestructura urbana mínima necesaria, quienes regulan la vida y las relaciones sociales son los narcos.

Son muchas las medidas a tomar contra este flagelo. Una muy importante, por el volumen de mercadería que penetra por nuestras fronteras, es la radarización íntegra del espacio aéreo y la informatización y colocación de escáners en todos los pasos fronterizos. También es clave poner un mayor foco y coordinación entre fuerzas federales y provinciales y la colaboración e intercambio de información con los países de la región, para así actuar con más eficacia ante el crimen trasnacional. Simultáneamente trabajar en lo micro, en las redes de comercialización minoristas, en los boliches, cíbers y kioscos donde frecuentemente se vende drogas a los más jóvenes. Combatir la "glamourización" de las drogas en el mundo del entretenimiento y la TV.

Si queremos reducir el crimen violento quienes tenemos responsabilidades públicas debemos asegurarnos que las diversas fuerzas del orden deben estar preparadas, equipadas, capacitadas y predispuestas para actuar a fondo contra las bandas. Monitoreadas para no ser permeadas por el dinero del negocio ilegal y estas acciones deben coincidir con un intenso accionar preventivo. Es muy importante también que la Justicia actúe con firmeza, transparencia y celeridad frente a la ola de inseguridad que sobrecarga juzgados y fiscalías y se revise su responsabilidad junto a las diversas legislaturas en el excarcelamiento a delincuentes violentos y reincidentes. Pero es en la prevención de las adicciones donde resultan mas claras las responsabilidades del Estado e incluyen a la comunidad toda en su voluntad de dar batalla a las drogas en todos los frentes. La sociedad en su conjunto debe reclamar una sociedad más igualitaria, con mejor educación y valores y generar oportunidades para los millones de jóvenes argentinos que hoy no estudian ni trabajan.

La complejidad del panorama no debe ser cortina de humo que oculte la amenaza letal que avanza sobre la destrucción misma del Estado como garante de la seguridad ciudadana. Caso contrario en pocos años la Argentina tendrá niveles de criminalidad similares a los de Brasil, Venezuela o Colombia. La proyección de las pocas estadísticas fiables que hay en el país y varios indicadores internacionales sumados al análisis del estadío de evolución en que se encuentra el crimen organizado en la Argentina, me permite hipotetizar que aún estamos a tiempo de revertir la actual tendencia con el accionar correcto. Pero también que sin medidas contundentes, sistemáticas y permanentes en el tiempo pronto tendremos niveles de criminalidad endémicos.

Los argentinos que amamos nuestro país y nos importa su futuro que es también el de nuestros hijos, no podemos sólo estremecernos ante el delito. Debemos actuar y reclamar para que éste sea combatido en todos los frentes.

Por Eugenio Burzaco

Link a la nota original de La Nación.


El veneno de la mafia

Los recientes asesinatos aberrantes ponen de manifiesto el avance del crimen organizado en la Argentina. La muerte por encargo de tres hombres jóvenes, ajusticiados por sicarios, muestra una modalidad creciente propia de países donde el accionar mafioso está enraizado.

Este no fue un hecho aislado del último mes, sino la escalada de una serie de crímenes horrendos que, por un lado, dejan su sello de amedrentamiento mortal a quienes están vinculados a la actividad mafiosa, en cualquier escala de penetración y, por el otro, demuestran la impunidad con la que actúan estas bandas.

El lenguaje mafioso hace tiempo que dejó de ser el de la ficción o de círculos marginales de la sociedad; desdichadamente, su elocuencia ha pasado a ser parte de la cotidiana brutalidad con que se vive en la sociedad argentina. Aun cuando el origen del delito es multicausal y el pobre desempeño institucional es un factor clave, también son factores determinantes la marginalidad en muchos sectores, la deserción escolar, la falta de oportunidades para la gente joven, la incertidumbre económica, a pesar de la momentánea bonanza, y hasta la cultura del facilismo, que aparenta obtener ganancias extraordinarias o resolver problemas financieros de grupos familiares que, para lograrlo, se vinculan al delito sin verdadera conciencia de que estos son caminos sin retorno.

Semanas atrás, en el shopping Unicenter, donde circulan decenas de miles de personas y familias por día, dos sicarios en moto mataron a dos narcos colombianos en pleno estacionamiento, con total impunidad. Una de las víctimas era nada menos que el segundo jefe de un gran cartel de la droga de Colombia. Este hombre, que tenía pedido de captura internacional, vivía hacía tiempo en la Argentina, con identidad falsa, en un conocido country del Gran Buenos Aires.

Otro hecho reciente fue la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas en Maschwitz, donde operaban narcos mexicanos para producir metanfetaminas. Otro indicador del avance de las drogas sintéticas en la Argentina, facilitado por ser un país que posee una industria química de avanzada y es principal productor de precursores químicos, que luego pueden ser utilizados para sintetizar distintas drogas, entre ellas la cocaína. El país se ha convertido en una sede importante de delincuentes internacionales, por estar simultáneamente desarticulado jurídicamente y carente de políticas de Estado eficaces para el control.

Sobre estas condiciones avanzó el "paco". Esta droga, consumida sobre todo por los jóvenes marginales, más que una droga en particular es una forma barata de consumir basura, que induce al delito y mata.

El "paco" es la resaca que queda en el "fondo de la olla" de las cocinas de cocaína. Contiene más solventes y desechos que alucinógeno, por lo que crea adicción inmediata. Su efecto tóxico produce un mayor daño cerebral y, como su efecto tiene menor duración en el tiempo, induce a reiterar su consumo en una escalada devastadora. El "paco" destruye rápidamente el cerebro de los jóvenes adictos, muchos de los cuales son movilizados a delinquir para mantener su adicción.

El contexto de avance del narcotráfico, con peleas de bandas por territorio, como la de la villa 1-11-14, que se dio en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, es simultáneo al avance del creciente consumo de drogas en el país.

El informe de Naciones Unidas del año pasado indica que la Argentina es el país donde se consume más cocaína per cápita de toda América latina, y es segundo en el consumo de marihuana. La edad de iniciación del consumo de drogas ilegales y alcohol también bajó significativamente. Está probado científicamente que, cuanto más temprano comienzan a consumir los chicos, más probabilidades tienen de ser adultos adictos.

En este marco, parece muy inapropiado iniciar una campaña para la despenalización del consumo de drogas ilegales. Si bien acuerdo en que ninguna persona adicta debe ser penalizada siquiera con un día de prisión, sí entiendo que estas personas deben someterse a un tratamiento obligatorio por su adicción.

Tampoco sirve sacar estas causas del sistema criminal, ya que, sin la intervención de un juez, sería imposible dirimir cuándo se estaría tratando de una situación de consumo personal y cuándo de un tráfico minorista, y, por otro lado, estaríamos dando el mensaje equivocado a nuestra juventud, de que consumir estupefacientes no es ilegal ni malo para ellos.

La Organización Mundial de la Salud destaca que la aceptación social del consumo de drogas ilegales es uno de los elementos que más incide en el aumento de su consumo.

La producción y tráfico de medicamentos adulterados; su provisión a instituciones del Estado; la compra de voluntades políticas: todo "huele a podrido" como diría Shakespeare, y la población lo percibe impotente. En este contexto complejo, el Estado se muestra ausente de políticas eficaces, serias y modernas de prevención y de combate contra el narcotráfico.

Se siguen tomando medidas espasmódicas, que tienen impacto negativo en el sistema de seguridad nacional en el mediano plazo.

Dos que son muy claras en este sentido son la falta de radarización del espacio aéreo argentino y el traslado de gendarmes desde las fronteras hasta las ciudades. Esto hace que sea muy fácil para una aeronave que transporta drogas aterrizar en pistas clandestinas, y también pasar por nuestras largas fronteras, que se han transformado en un colador.

Si el Estado no actúa de manera decidida y consecuente, dentro de poco tiempo tendremos en la ciudad de Buenos Aires situaciones como las que se viven a diario en Río, San Pablo, Caracas o Ciudad de México, en las cuales los narcos controlan partes concretas de sus territorios, donde las autoridades no pueden entrar y la vida de las personas que los habitan depende de los códigos mafiosos y de los jefes narcos que han tomado como rehén a la población.

Instituciones incompetentes y funcionarios asustados no pueden resolver este peligro creciente que se cierne sobre la población. Necesitamos un Estado presente, con capacidad de acción; líderes y especialistas que asuman plenamente la responsabilidad sobre la temática.

El crimen es siempre dramático a nivel individual, pero el crimen organizado es destructor a niveles impensables, porque descompone el tejido social. Es inútil echarles la culpa a otros, incluidos los medios de comunicación, por un no accionar o ineptitud que es propio del Estado e intransferible.

La Argentina es permeada por el narcotráfico, desde las instituciones que miran para otro lado ante lo evidente, hasta un número cada vez mayor de ciudadanos que viven o sobreviven como dealers o intermediarios de la destrucción.

Es hora de que el Estado vaya por los narcos, porque estos ya han venido por nosotros, los argentinos.

Por Eugenio Burzaco.

Link a la nota original de La Nación.