En los últimos diez años, la redes de narcotraficantes se han instalado en el país y hoy ponen en jaque a las instituciones, en un proceso que tiende a naturalizar la violencia y el sometimiento.

El legado de esta década en materia de avance del narcotráfico y el consumo de drogas ilegales en el país es trágico. Luego de más de un año de investigaciones sobre el tema junto con Sergio Berensztein para escribir un libro, llegamos a la conclusión de que las redes narcos se han instalado en el país para producir droga en laboratorios locales, no sólo ya para exportarla a mercados de consumo relevantes del Primer Mundo, sino para satisfacer el mercado de consumo local, que se ha duplicado en una década y moviliza unos 1000 millones de dólares anuales.

Las primeras evidencias concluyen que los niveles de consumo, tanto de marihuana como de cocaína, se han duplicado en una década, ubicándonos como el país de la región con mayor consumo per cápita (Informe Anual de Drogas de las Naciones Unidas 2012). Impactan no sólo los números, sino la evidencia de que la naturaleza del negocio narco en la Argentina ha cambiado. Dejó de ser un negocio de logística por el cual la droga ingresa para exportarse a otros países, quedando aquí sólo los rezagos o el canje, para convertirse un negocio de consumo masivo en el que las bandas pelean por el territorio de manera violenta, a fin de monopolizar la distribución y establecer sus laboratorios de producción. El aumento significativo del ingreso, sobre todo de pasta base, se corrobora en los niveles de decomiso, que aumentaron la década pasada un 800% (ONU, 2014). El mismo informe aclara que el país dejó de reportar los niveles de decomisos de estupefacientes por las fuerzas federales en 2010.

El número de causas por la ley de estupefacientes (23.737) se duplicó entre 2003 y 2008, último año reportado oficialmente a nivel nacional. Las causas en la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2014 se duplican también, y ascienden a casi 50.000 causas de drogas ilegales anuales. Para desmentir a aquellos funcionarios que dicen que la mayoría de estas causas tratan de perejiles fumando porros, la propia Sedronar hizo un estudio en 2010 que demostró que más del 70% trata situaciones de tráfico, producción y comercialización de estupefacientes. Por último está la fuerte y determinante aparición, en los últimos 15 años, de venta y consumo de paco. Este derivado de la pasta base destruye a los jóvenes pobres para transformarlos en el último eslabón de la cadena narco, y los convierte en los llamados “soldaditos” al servicio de las redes para comercializar drogas o eliminar enemigos. La desesperación de los adictos por conseguir la siguiente la dosis incide no sólo en la destrucción personal del esclavizado por su adicción, sino en el nivel de delito violento y hasta aberrante que tiene en vilo a la sociedad. El narcotráfico irrumpe también en la noche de las fiestas electrónicas interminables, donde las drogas de síntesis, como el éxtasis, la ketamina y otras metanfetaminas, destruyen el cerebro de jóvenes de las clases media y alta, envueltos en una supuesta desinhibición cultural que les hipoteca el futuro.

La segunda apreciación contundente es que las fuerzas de seguridad e inteligencia que deben combatir las redes narcos han sido sobrepasadas por el avance de este fenómeno, que, cada vez mas a menudo, corrompe las instituciones, a funcionarios policiales, judiciales y políticos de creciente nivel jerárquico. Este año han terminado presos por su relación con el narcotráfico el jefe de la Policía de Santa Fe y varios jefes de dicha fuerza, como también altos funcionarios policiales de Córdoba.

Los escándalos de la importación ilegal de efedrina, que se utiliza para producir drogas de síntesis, como el éxtasis, salpican a altos funcionarios del Ejecutivo y al ex director de la Sedronar Ramón Granero, hoy procesado. En su momento, el tráfico de efedrina derivó en el triple asesinato de General Rodríguez, que puso en evidencia el financiamiento de la campaña presidencial del Frente para la Victoria por varios de los implicados.

El desborde de las fuerzas de seguridad se verifica en las fronteras porosas, sin controles suficientes, el espacio aéreo convertido en colador que nunca se termina de radarizar y que impacta en los cientos de pistas clandestinas donde aterrizan o dejan caer su mercadería las decenas de vuelos ilegales que penetran diariamente el país para traer la droga. A esto se agrega que la Gendarmería y la Prefectura, que deben proteger las fronteras, y la Policía Federal, fuerza que debe tener su foco en los delitos federales y complejos, están dedicadas a realizar tareas de policías locales ante el desborde de la inseguridad. Esto requiere un rediseño del sistema de seguridad interior y un fortalecimiento de las policías locales para evitar seguir con las políticas de negación de la realidad, la improvisación y los parches que han caracterizado la década.

El tercer legado de la década es la virtual destrucción de la Sedronar, organismo creado para el tratamiento y la prevención de las adicciones y el combate del narcotráfico. Si bien la decadencia de dicho organismo se arrastra de larga data, esta última década ha visto decrecer, hasta desaparecer, muchas de sus funciones originarias, como la reunión semanal de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad y los cursos de capacitación. Se ha achicado su presupuesto hasta la virtual parálisis e inacción del organismo. Pero el daño mayor fue hecho al Registro Nacional de Precursores Químicos, organismo que depende de dicha secretaría y está destinado a controlar el destino de aquellos químicos que se utilizan para la elaboración de la síntesis de las drogas ilegales y que nuestros laboratorios y farmacias producen e importan. Producto de este desmanejo y corrupción se llegaron a importar alrededor de 20 toneladas anuales de efedrina, cuando la industria farmacéutica local requiere entre 200 y 300 kilos anuales. Durante varios años no se verificaron los controles necesarios, hasta que estalló el escándalo del triple crimen de General Rodríguez, justo unas semanas después de la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz. Fueron tales las irregularidades durante la gestión de Granero que en la gestión posterior de Rafael Bielsa se decidió intervenir dicho organismo.

La etapa final del organismo ha sido caótica. Luego de la renuncia de Bielsa, a quien nunca se lo apoyó plenamente, le siguieron un período de acefalía de casi un año y el reciente nombramiento del poco idóneo padre Molina al frente de la institución, quien arrancó comparando a Pablo Escobar Gaviria con Robin Hood, lo que demuestra su total falta de conocimiento de la complejidad de los personajes involucrados en el crimen organizado. En otro exabrupto, Molina habló en favor de despenalizar/legalizar el consumo de todas las drogas, demostrando así su desconocimiento absoluto de la problemática. Una medida de esta índole reduce la percepción del riesgo en los jóvenes y facilita la accesibilidad a las drogas, lo que trae como resultado un aumento en el consumo. Pero, más grave aún, lo plantea como una forma de reducir la violencia, sin comprender que las drogas “duras” afectan los límites inhibitorios de los consumidores. Tampoco comprende que muchos jóvenes adictos deben delinquir para sostener su adicción y por eso “salen de caño” o se convierten en dealers.

El cuarto legado, tal vez el más nefasto, es la territorialización del poder narco. Los narcos intentan dominar el territorio para poder actuar con impunidad. Por eso ocupan espacios que el Estado tiene abandonados, donde habitan los sectores más marginados de la sociedad, y establecen un control territorial de esos entornos urbanos. Son territorios “sin ley”, sin presencia integral del Estado. Allí se enquistan las bandas narcos como parásitos y sojuzgan a la población. Este fenómeno, que algunos sociólogos denominan “favelización”, debe ser atendido con urgencia e integralidad, ya que estamos construyendo una sociedad dual y feudal, con “guetos de pobreza” y “guetos de riqueza”, donde el Estado y las bandas criminales van a pelear por el control del territorio, tal como pasa en muchos países de la región. Dejamos para otro análisis el lavado del dinero narco, cuyo volumen y penetración en la economía implica otra serie de consecuencias nefastas.

Luego de una década de errores, omisiones y complicidades, el poder narco se ha convertido en la amenaza a la gobernabilidad más significativa que enfrenta el país. Su impacto en la juventud, en la sociedad en su conjunto y en las instituciones genera una trama de intereses en la que se juega si la Argentina se convierte o no en un narco-Estado, capaz de modificar para siempre nuestra forma de vida, poner en riesgo los valores de nuestra sociedad y naturalizar la violencia y el sometimiento.

Por: Eugenio Burzaco