Lanzamiento del Programa Nacional contra el narcomenudeo en barrios de Argentina

En San Miguel, se lanzó el Programa Nacional de intervención contra la comercialización de droga que incluye una serie de acciones para combatir el narcotráfico en los barrios y puntualmente desarticular los Puntos de Intervención de Comercialización de drogas (PIC).
Entre esas acciones se crearon 41 brigadas especializadas (BEM) conformadas por investigadores especializados en microtráfico o narcomenudeo.
El acto, que fue encabezado por la ministra Patricia Bullrich y el intendente Jaime Méndez, se realizó en un predio donde funcionaba un búnker y ahora se transformó en una huerta que proveerá alimentos a los vecinos.
En lo que va de la gestión se desarticularon 2306 puntos de venta de droga en todo el país.
Lo hicimos en una huerta para los vecinos donde antes había un búnker.
#ArgentinaSinNarcotráfico

 


“Operativo Nueva Alianza”: Participamos de la destrucción de cultivos de marihuana en Paraguay

Asumimos la gestión con un firme compromiso: combatir al narcotráfico. Bajo ese objetivo dimos pasos firmes, operativos e institucionales. Esta semana sumamos una nueva herramienta con la integración de Argentina al “Operativo Nueva Alianza”, con Paraguay y Brasil. Junto a la ministra Patricia Bullrich viajamos a la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero, donde nos reunimos con Mario Abdo Benítez, presidente de ese país. Estuvimos en un centro de acopio y producción de marihuana que se detectó en el marco de ese operativo y participamos de la destrucción de esos cultivos. Seguimos trabajando por una #ArgentinaSinNarcotráfico.

 


Visita al barrio Carlos Gardel junto al ministro de Justicia y Seguridad de Brasil

 

Junto a la ministra Patricia Bullrich y el intendente de Morón Ramiro Tagliafierro recorrimos el barrio Carlos Gardel, en la localidad bonaerense de El Palomar.

Allí se implementa el Programa Barrios Seguros, que se basa en la articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y otros poderes del Estado con el objetivo de reducir la presencia de las organizaciones criminales y combatir el narcotráfico, el delito y la violencia en asentamientos urbanos con altos índices de conflictividad social. En 2018, en Carlos Gardel, se logró reducir la tasa de homicidios en un 100%.

Como parte del recorrido, los funcionarios visitaron la Casa de la Juventud y presenciaron el desarrollo del taller de serigrafía del plan para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. También recorrieron el playón central del barrio, donde pudieron ver el funcionamiento del destacamento de la Gendarmería Nacional Argentina, de las oficinas del operativo "El Estado en tu barrio" y del aula móvil de educación, en donde se brindan talleres de oficios.


La Policía de Seguridad Aeroportuaria celebró su 13° aniversario

 

El director nacional de esta Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot; junto al subdirector, Dr. Alfredo Hernán Gallardo; la ministra de Seguridad de la Nación y el secretario de seguridad, Eugenio Burzaco encabezaron los festejos al cumplirse 13 años de la sanción de la Ley 26.102 que creó a esta institución policial como la cuarta fuerza federal del país.

 

 

 

Tras entonar el Himno Nacional Argentino, el director nacional enumeró los objetivos cumplidos y por realizar, entre los cuales destacó la confianza en concretar el mandato del presidente de la Nación para lograr una Argentina más segura, “y seguir esforzándonos preventivamente para combatir el narcotráfico, el terrorismo y los delitos complejos asociados”

 

 

Finalmente, la ministra y el secretario de Seguridad hicieron entrega de una placa en conmemoración de la creación de la PSA al director nacional.

La ceremonia continuó con el desfile de los distintos cuerpos especializados de la PSA, incluyendo a una sección histórica de la ex Policía Aeronáutica Nacional y a los veteranos de la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

 


209° Aniversario del Ejército Argentino

 

En conmemoración del 209° aniversario de la creación del Ejército Argentino, el presidente Mauricio Macri encabezó la ceremonia central junto al ministro de Defensa Oscar Aguad que se realizó en el Colegio Militar de la Nación (El Palomar, provincia de Buenos Aires)

 


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Del manifestante del "mortero" a un carnicero y una enfermera: los 10 prófugos más buscados de la Argentina

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Crimen de Olivares y Yadón: el Gobierno cree que el ataque fue premeditado y espera la extradición del principal imputado

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, está convencido de que hubo una organización previa. Todos apuntan a "El Cebolla" Navarro como el tirador.

 

La escena del crimen del ataque que terminó con las muertes de Olivares y Yadón (Foto: Patricio Murphy)
La escena del crimen del ataque que terminó con las muertes de Olivares y Yadón (Foto: Patricio Murphy)

El ataque a balazos contra el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón se transformó –con el deceso del legislador– en un doble crimen y así se agravó la situación de los imputados.

En ese contexto, el Gobierno volvió a señalar que se trata de un hecho planificado y que eso se irá probando con datos que ya están en poder de los investigadores. Al menos eso cree Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación.

"Hay un montón de elementos que se han ido juntando y yo creo que van a demostrar que hubo una premeditación porque se realizaron trabajos (de inteligencia) previos; fueron torpes, pero se hicieron", señaló en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

Juan José Navarro Cádiza, alias “El Cebolla”, es señalado como el tirador

Juan José Navarro Cádiza, alias “El Cebolla”, es señalado como el tirador
En ese sentido, Burzaco enumeró: "Hay otros autos que pasaron en los momentos previos (al ataque), personas que miraban desde enfrente, una reunión previa… La Policía de la Ciudad y la Federal aportarán más datos que van a armar una composición de lugar clara".

El funcionario también apuntó que resta un paso importante para avanzar en la investigación:  "Falta que declare el principal imputado, al que todos apuntan como tirador, que está detenido en Uruguay (Juan José Navarro Cádiza, alias "El Cebolla")  y será extraditado en los próximos 7-10 días".

Esta persona de 24 años es una figura clave en el caso: es el titular del Renault 19 en el que "El Gitano" Fernández se fugó a Entre Ríos. En la casa de su madre hallaron dos pistolas, municiones y rifles de aire comprimido.

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que el ataque haya estado motivado por deudas de juego, Burzaco no lo negó, pero pidió cautela: "No quiero adelantarme, pero se va a conformar un proceso de prueba contundente. Hay dos o tres hipótesis".

Link a la nota original en Infobae.


Muertes irracionales y violentas.

La muerte violenta e irracional de Pablo Tonello, un joven de 27 años en pleno Belgrano, a las 8.30 de la mañana; el asesinato de un joven de 14 años para arrebatarle el celular y tantos otros crímenes que nos causan dolor nos llevan a preguntarnos ¿por qué tanta violencia?, ¿qué lleva a una persona a matar a otra por una simple bicicleta o un celular? Hay cuatro grandes factores que ayudan a explicar el aumento de la violencia en el delito.

Valor de la vida: para muchos delincuentes jóvenes, su vida vale muy poco y, por ende, la vida de los demás no vale nada. Actúan con saña, violencia y desparpajo, aun cuando el motivo de su robo sea un bien menor. Hemos excluido a sectores importantes de la sociedad construyendo un imaginario de nosotros y los otros, donde el otro no cuenta. Esto también genera violencia. Hemos fallado en la educación -gran disuasor de la delictividad- que brinda oportunidades de progreso y valores sobre el respeto al prójimo. Hemos generado una sociedad donde el tener es más importante que el ser, destruyendo el sentido de trascendencia y de convivencia.

Impunidad: los delincuentes saben que el costo de sus acciones es muy bajo, ya que las posibilidades de ser castigados son casi nulas. De cada mil delitos que se cometen, en menos de cinco se cumple prisión efectiva. Por ello nos encontramos, en las grandes ciudades, indefensos ante bandas que recurrentemente cometen los mismos delitos frente a un Estado ausente. La escasa presencia policial, con distritos que no llegan, en promedio, a un policía cada mil habitantes cuando se requieren cinco. Policías que además están mal pagados, capacitados, incentivados, conducidos y, en muchos casos, insertos en estructuras corruptas que generan niveles de violencia y delito explican en parte esa impunidad. Una Justicia con estructuras arcaicas que no ha podido procesar ni el número, ni la complejidad del delito y a su vez, se encuentra inmersa en un debate estéril, cargado de ideologismo, que diluye la responsabilidad individual de los actos violentos y terminan liberando a delincuentes peligrosos y recurrentes.

Armas: el fácil acceso a las armas confiere mayor peligrosidad a cualquier tipo de delito. No existen estadísticas sistemáticas oficiales de delitos en el país, sin embargo, en el último año que tenemos datos agregados, el 52% de lo delitos denunciados involucraron armas de fuego (2009). En la Argentina hay 1,2 millones de armas registradas y unos 700.000 legítimos usuarios, pero se calcula que existen entre 1,5 y 2 millones de armas de fuego ilegales. Limitar la accesibilidad a ellas es crucial, así como el control de su posesión. Más del 70% de los homicidios intencionales se cometen con armas de fuego que, en su mayoría, son ilegales.

Drogas: son el gran catalizador del delito violento y el aumento del consumo en las últimas décadas explica en buena medida la violencia irracional. La cocaína y el paco producen daños donde se encuentran los límites inhibitorios en el cerebro. Según el estudio realizado por la Sedronar en cárceles de todo el país en el año 2009, el 28,1% de la población carcelaria había consumido drogas al momento de cometer delitos, el 11,6% había delinquido para comprar drogas.

Si no exigimos una política integral de Estado a aquellos a quienes la Constitución otorgó el rol de custodios del orden social y de nuestras vidas, cargaremos sobre nuestras espaldas con cantidad de vidas jóvenes e inocentes que no podrán cumplir su destino.

Por Eugenio Burzaco

Link a la nota de La Nación


Las vías que nos llevan a ser un país narco

El reciente atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en el que balearon su domicilio y sólo la suerte evitó una tragedia que lo involucrara a él o a su esposa, pone de manifiesto el grado de avance de la impunidad y la criminalidad narco en la Argentina. La ciudadanía tiene hoy una mayor conciencia de los hechos, porque los padece a diario, pues ya es hora de que la dirigencia política, toda, y por supuesto el Estado, asuman su responsabilidad y actúen para detener el asentamiento definitivo del narcotráfico en el país.

Históricamente, la Argentina fue un país de tránsito de drogas ilegales hacia mercados de consumo, sobre todo Europa y los Estados Unidos. La propia dinámica del negocio, el pago en droga, la liberalización del mercado sin políticas integrales sobre el tema y, por supuesto, la venalidad de algunos funcionarios, jueces, policías y comunicadores han hecho que la Argentina se transforme en un importante mercado de consumo y producción, con una injerencia regional del negocio ilegal muy significativa.

Se ha desarrollado, simultáneamente, un creciente mercado de consumo. Según las Naciones Unidas, en la última década duplicamos el consumo de marihuana y cocaína, con niveles de prevalencia muy similares a los mercados maduros de América del Norte y Europa.

La lógica se impuso porque los carteles que pasaban droga desde los países productores -Bolivia, Perú y Colombia- hacia el Norte les pagaban a los estadios intermedios en "especie", es decir, en drogas que éstos debían vender en el mercado local para hacerla efectiva. Se desarrolló así un mercado de consumo muy agresivo y una feroz pelea por el control del territorio para manejarlos. Esta lucha se dirime con asesinatos entre narcos o con la ejecución y exhibición de la muerte más cruel como escarmiento a aquellos que invaden el negocio de otra banda (lo vivimos y observamos en Rosario con estupor). También, con la corrupción y penetración en las policías, la Justicia y la política, como se verificó con el involucramiento de las más altas autoridades policiales de Santa Fe y Córdoba. Este año en Rosario se superarán los 200 homicidios intencionales, cifra que ubica a esa ciudad en una tasa de homicidios superior a Medellín o San Pablo (casi 20 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes).

Más grave aún es que la Argentina se ha vuelto un país que produce la última etapa de elaboración de la cocaína. La Argentina exportaba precursores químicos para producir las drogas hasta su etapa final en los países de origen. Hace más de una década, la droga entra como pasta base al país y aquí se elabora la última etapa en laboratorios locales. Somos el país donde se decomisan más laboratorios o cocinas fuera de los tres grandes productores de coca, inclusive por arriba de Venezuela, según la Undoc (siglas en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).

Me tocó participar de un operativo con la Policía Metropolitana en el que se detuvo a una banda que operaba cuatro laboratorios (dos en Capital, a pocas cuadras de la Casa Rosada, y dos en el Gran Buenos Aires) y varios centros de distribución. Allí la presencia fuerte y destructiva del paco, que es un derivado de la pasta base mezclado con cualquier porquería, es ofrecida a jóvenes para reclutarlos como esclavos al servicio de los narcos, matar a la competencia, distribuir la droga, prostituirse o defender a los jefes. La altísima dependencia y necesidad de consumo transforma a los "soldaditos" en el último eslabón de la cadena narco, el más débil y dispensable.

La presencia de líderes de carteles regionales que viven y operan en Puerto Madero o en importantes countries del Gran Buenos Aires es cada vez más notoria. Desde el ingreso de la mujer e hijo de Pablo Escobar, hace quince años, hasta la presencia cada vez más activa de nuevos líderes y segundas líneas de carteles mexicanos y colombianos. Todavía se recuerda el caso de Unicenter, seguido de otros tres asesinatos más de narcos colombianos en los años siguientes. Héctor Duque Ceballos, "Monoteto", era el segundo líder del cartel de la Cordillera y vivía en el barrio Ayres del Pilar, aun cuando tenía pedido de captura internacional de Colombia y de los Estados Unidos. Tenía registradas varias entradas y salidas del país. Lo mismo la intervención del cartel de Juárez y de Sinaloa en el caso de la efedrina, necesaria para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, que terminó con el triple asesinato de General Rodríguez.

Pasamos de importar menos de una tonelada anual de efedrina para la producción de descongestivos en 2004 a más de 20 en 2007 (según Undoc, cinco veces la cantidad utilizada por toda la industria farmacéutica en los Estados Unidos, 30 veces más que Italia y 80 veces más que Chile). Nada de esto sería posible sin connivencia política y autoridades que miran para otro lado. La reciente detención en Pilar del colombiano Henry de Jesús López Londoño, "Mi Sangre", con familiares y cómplices viviendo varios meses en el país, pone de manifiesto la impunidad con la que se mueven los narcos. Los líderes de carteles internacionales operan y manejan sus negocios locales e internacionales desde la Argentina por la debilidad intrínseca del Estado, que les ha ido permitiendo instalarse.

Seguimos siendo un país colador donde es muy fácil penetrar por el espacio aéreo, que en más de un 90% se encuentra sin radarizar; con pasos fronterizos totalmente permeables, ríos y puertos sin control y aeropuertos donde salen recurrentemente importantes cantidades de drogas, como se verificó en el caso Juliá. En este contexto, tenemos a los gendarmes y prefectos desplegados en las grandes ciudades en vez de las fronteras, cumpliendo roles de policía comunitaria para la cual no están entrenados y con toda una serie de inconvenientes logísticos y operativos. Este desquicio en el sistema de seguridad interior lleva a que hoy las Fuerzas Armadas estén patrullando y cumpliendo roles de seguridad interior en la frontera, en franca violación a la ley de seguridad interior y de defensa. En la medida en que las drogas puedan circular con facilidad y elaborarse localmente, y los narcos puedan actuar con impunidad, el nivel de consumo local va a seguir aumentando y la violencia asociada a la pelea entre bandas narco va a seguir dejando su tendal de muertos en las grandes ciudades.

Ante estas crudas evidencias, las autoridades nacionales reaccionan negando la realidad, ya sea ocultando las cifras del delito (las estadísticas más actualizadas son de 2009), hablando de "sensación de inseguridad" o, más recientemente, con acciones espasmódicas y mediáticas que no siguen una lógica estratégica ni una acción inteligente producto de una política de Estado.

Llegó la hora de decir ¡basta!, de reaccionar con decisión e inteligencia ante la impunidad y la connivencia con la que se mueven estas mafias en el país. No podemos esperar otros dos años a que haya un cambio de Gobierno para ver si se aborda en profundidad esta amenaza que atenta directamente contra las raíces del mismo Estado. Tenemos que deponer visiones políticas partidarias y tratar de trabajar en conjunto, exigir y ayudar al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales antes de que sea tarde. Los narcos ya vinieron por nuestras instituciones y, lo que es más grave, por nosotros y nuestros hijos. Es hora de decir basta y de actuar en concreto con planes y soluciones reales.

Por Eugenio Burzaco

Link a la nota original en La Nación.


¿Consumo sin responsabilidad?

En estos días se ha discutido en el Congreso Nacional la despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo. Hoy, el consumo en su faz privada no está penalizado, de acuerdo con distintos fallos de la Corte en ese sentido. Sí lo está consumir o poseer drogas ilegales en la vía pública. Esta nueva iniciativa se inscribe en un contexto en el que la Argentina pasó de ser un país de tránsito a país de importante producción y consumo de drogas. La cocaína, en su última etapa, se produce en laboratorios ilegales en las grandes ciudades del país y, como jefe de la Policía Metropolitana, me tocó participar en diversos operativos donde se desarticularon laboratorios y centros de distribución. Cambió la naturaleza del negocio del narcotráfico en la Argentina: pasó de ser de logística ilegal a ser un negocio de consumo masivo. Para lograr el objetivo, y en busca de controlar el territorio, los narcos extendieron su penetración a todos los rincones del país por la vía de la corrupción y el lavado, crearon un ejército de jóvenes adictos convertidos en dealers y promovieron las represalias y la muerte violenta. Así, el narcotráfico hizo de la Argentina el primer consumidor de cocaína y marihuana por habitante de América latina.

En términos prácticos, la despenalización sólo va a agravar la situación existente. ¿Por qué? Por diversas razones que paso a analizar.

Niveles de consumo . La Organización Mundial de la Salud afirma que hay tres variables que inciden en el consumo de estupefacientes: la aceptación social, la disponibilidad en términos de cantidad y precio y la psiquis del consumidor y su entorno familiar y social. Decirles a los jóvenes que no está penalizado consumir drogas ilegales en la vía pública es un mensaje contundente que impacta en la aceptación social, baja el umbral de riesgo percibido por el consumidor y genera un metamensaje que dice que no está mal drogarse. También es obvio que la droga va a ser aún más accesible porque tenerla en pequeñas cantidades, como la trafican los dealers , ya no será delito, y al reducir los costos del tráfico en su último eslabón seguramente bajará el precio. Según las Naciones Unidas, el 2,8% de las personas adultas en la Argentina consume cocaína con regularidad (aproximadamente 1 millón de personas) y más del 8% consume marihuana, niveles de prevalencia líderes en la región y similares a los de Estados Unidos y España.

Práctica privada e individual . Quienes promueven estos cambios penales argumentan que si una persona en su faz privada quiere drogarse lo puede hacer amparándose en el artículo 19 de la Constitución. Pero ésta no es una práctica privada sin consecuencias para el entorno social. Al contrario, tiene consecuencias que afectan la vida y bienes de terceros y generan efectos dañinos concretos contra la vida de los propios consumidores. Hay fallos, como los que obligan a usar el cinturón de seguridad en el auto o el casco en moto o aquellos que limitan la tenencia de armas, que restringen las libertades privadas en beneficio de bienes públicos como la salud y la seguridad. Sobran los ejemplos trágicos: accidentes de tránsito que involucran a adictos afectando a terceros inocentes, la reiterada violencia y desesperación que genera el síndrome de abstinencia, la inducción a robar y hasta matar para conseguir más drogas. Los actos individuales privados requieren libertad y razonabilidad para su ejercicio y disfrute. La ciencia ha demostrado claramente que el consumo de estupefacientes deteriora la corteza cerebral, la sinapsis neuronal y el lóbulo frontal del cerebro, afectando la razón, los límites inhibitorios, la voluntad y los sentidos del consumidor, generando dependencia y cercenando su libertad de decisión.

Costos de salud . La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar) ha publicado un estudio que demuestra que la drogadicción incide altamente sobre el sistema de salud, tanto por los tratamientos de rehabilitación como por el manejo de urgencias por sobredosis y los efectos derivados del consumo, como ser accidentes y defunciones prematuras. Holanda, pionera en el mundo en la despenalización y legalización del consumo de la marihuana, en los años 70 restringió el consumo y la venta de todos los demás estupefacientes (a diferencia del proyecto que se está presentando en el Congreso). Si bien luego de años de aplicación los niveles de consumo en Holanda se mantienen elevados pero estables, vieron crecer sus costos de salud directos, los delitos realizados por personas bajo los efectos de narcóticos y el incremento de turistas que llegaban de toda Europa a drogarse al paraíso del consumo. Esto llevó a recientes cambios en su política que prohibieron la venta de drogas y el consumo a los extranjeros y una reducción en las cantidades de marihuana que se pueden vender.

Pena de prisión. Es el argumento más fuerte que tienen los despenalizadores y que yo comparto en buena medida. Es cierto que en muy pocos casos se han aplicado en el país penas privativas de la libertad por tenencia o consumo y estoy convencido de que enviar a prisión a una persona enferma por el solo hecho de consumir o poseer drogas para consumo personal sólo agravará su situación. Creo que se debe quitar toda posibilidad de aplicar pena de prisión; pero sí, sanciones educativas y multas para experimentadores y tratamientos para los adictos. Portugal es el país que más ha avanzado en un seguimiento multidisciplinario con énfasis en la salud del consumidor; crearon comisiones para la disuasión del uso de drogas, entes que deciden la sanción al consumidor (en más del 90% de los casos es educativa o sanitaria y en el resto, multas o sanciones). En España e Italia se promovieron soluciones similares pero no se extingue la acción penal y mantuvieron las penas privativas de la libertad cuando el consumo se realiza en la vía pública. Otros han despenalizado sólo el consumo de marihuana, discriminando entre drogas duras y blandas para las sanciones y la aproximación penal a la temática. El actual proyecto del oficialismo no hace distinción entre drogas e impide al juez actuar con medidas o sanciones alternativas al terminar la acción penal.

Acceso a la salud . Los jóvenes pobres que hoy acceden a tratamientos de rehabilitación por orden de un juez no podrán hacerlo, ya que esa facultad desaparece con estas reformas. Sin la orden de un juez será sumamente complicado que alguien se haga cargo de una rehabilitación costosa, larga y ahora no obligatoria. Lo explicó el padre Pepe: "Tendríamos que preguntarnos si en ese contexto de pobreza y marginalidad en el que viven los niños y jóvenes pobres se puede hablar de libertad de elección en el consumidor; ¿no estaremos agregando a la vida de estos hermanos más pobres un problema que no vamos a ayudar a resolver?".

Umbrales de consumo y tráfico minorista . Los proyectos presentados en nuestro Congreso no especifican qué cantidad de droga es considerada para consumo personal y cuánta es tráfico según el tipo de droga. Despenalizan el consumo y la tenencia de todas las drogas ilegales. Al no configurar con claridad la figura penal, en la práctica todas las decisiones legales para perseguir el tráfico minorista se verán dificultadas. Quienes hacen negocio vendiendo droga en quioscos, boliches y cerca de escuelas a las que van nuestros propios hijos lo hacen con bajas dosis, gramos, no por kilo, lo cual va a hacer impracticable la detención del último eslabón de la cadena, tan relevante como el primero. Esta ley oculta además una legalización encubierta, que va a llevar a jueces a interpretar que al haberse legalizado el consumo y la tenencia no es posible determinar que la venta o el tráfico sean ilegales. El tráfico requiere un comprador y un vendedor; si en esa transacción el comprador actúa legalmente al comprar estupefacientes, ¿por qué va a ser ilegal venderlos?

Aprobar esta iniciativa probablemente aumente el consumo de estupefacientes, baje la percepción del riesgo a los jóvenes y haga más difícil tanto perseguir el tráfico minorista como el acceso a tratamientos de rehabilitación de los adictos pobres. Si sumamos la grave inoperancia del Estado, demostrada al no resolver la radarización y el control fronterizo, donde hay cada vez menos gendarmes y prefectos, y trasladando responsabilidades de la justicia penal al sistema de salud sin que esté preparado para la demanda ni para absorber el costo, se trata de un arma letal. ¿Cómo explicaremos a nuestros hijos y jóvenes que no es bueno, ni para ellos ni para terceros, consumir drogas cuando éstas sean legales? Lo otro es creer que todo vale. O incluso el consumo sin responsabilidad. ¿Será éste el metamensaje que buscan imponer hoy a la sociedad quienes se supone deben cuidarla?

Por Eugenio Burzaco.

Link a la nota original en La Nación.